Por Guadalupe Juárez
María Fernanda Sánchez Arenilla es víctima de violencia vicaria, pues desde hace dos años sólo ha podido convivir con sus dos hijos por una hora a la semana en un Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) en Ciudad Judicial o una vez al mes en una terapia del Sistema estatal DIF.
Ella decidió separarse de su pareja en 2020, y cuando estaba a punto de divorciarse de su esposo, le llegó una notificación del DIF de Atlixco porque había sido denunciada por violencia familiar por su hijo de 10 años de edad en mayo de 2021.
Días antes había notado a su hijo mayor cambiar de actitud con ella, ser grosero, situación que después demostró con dictámenes que había sido manipulado por su padre llamado “alineación parental”.
Con esa denuncia de por medio, su expareja obtuvo la guardia y custodia provisional del menor sin ninguna notificación previa ni una investigación de por medio, relata a Diario ContraRéplica Puebla.
Meses después, con engaños, el papá de sus hijos también se llevó a la menor de apenas cuatro años de edad de su departamento.
Al ir a buscarla con policías municipales, su expareja la recibió con otra guardia y custodia provisional.
“Si quieres ver a tus hijos, inicia tu juicio de visitas y convivencias”, le dijo su exesposo, con quien se ha enfrentado en estos últimos años a través de juicios y abogados.
En los últimos dos años, sólo puede ver a su hija menor por una hora en el Cecofam en Ciudad Judicial en San Andrés Cholula en una visita supervisada y al mayor una vez al mes en las instalaciones del DIF estatal.
Además del dolor de no ver crecer a sus hijos, María Fernanda se encontró con un Distrito Judicial que la ha revictimizado en múltiples ocasiones, a pesar de que demostró que no había violentado a su hijo mayor y cerraran la carpeta de investigación.
María Fernanda presentó una queja contra la jueza Griselda Méndez Ibarra, la anterior titular del juzgado familiar en Atlixco, ante el Consejo de la Judicatura, ya que notó diversas inconsistencias en el caso, “mucha corrupción” y un favoritismo notorio hacia su exesposo.
A esto se suma a que sigue sin una sentencia sobre la guardia y custodia de los menores, la cual pide sea compartida, pues a pesar de las agresiones por parte de su expareja, ha decidido que sus hijos convivan con los dos.
Sin embargo, tres meses sin jueza y ahora con una nueva que ha llegado después de las quejas, María Fernanda sigue en la incertidumbre, pues en un encuentro con la nueva titular se le quedó grabada una frase “y lo que le falta, señora”.
Su exmarido le ha dicho en diversas ocasiones que su abogada tiene muchos contactos con jueces y magistrados del Poder Judicial en Puebla, lo cual considera cierto, ya que su expediente sigue estancado, le han querido cambiar sus acuerdos y hasta intentado arrestar si incumple con alguno, cuando él ha faltado a las convivencias y no lleva a los menores, además de que él no se hace cargo de ellos, sino sus abuelos paternos.
“¿Qué tipo de seres humanos están en estos puestos?, no tienen la empatía y es lamentable”, cuestiona María Fernanda sobre la actuación de los jueces en estos casos, quien debido a su situación se volvió activista y se incorporó al Frente Poblano contra la Violencia Vicaria.
María Fernanda también enfrenta un desgaste económico sumado al emocional, con el pago de abogados, el costo de cada promoción o acción, el de viajar a Puebla cada semana sólo para poder ver a su hija menor que ahora tiene seis años de edad, cuando cree que si en Atlixco hubiera mejores condiciones, podría hacerlo en ese municipio.
“Pido justicia, que me entreguen a mis hijos, no es posible que no lo hagan cuando ya se demostró que no hay delito, mi carpeta de investigación se cerró, pero los jueces ni siquiera tienen el valor de leer mi expediente”, acusó.
Apenas en diciembre de 2023, cansada de los abogados y de recurrir a tribunales, habló con su expareja.
—¿No te cansas de esto? —, le dijo con la esperanza de que cediera.
—No te voy devolver a mis hijos, no me canso —, se limitó a responder.