Trama de corrupción en Puebla
Columnas
El despojo era un delito silencioso hasta que “Doña Carlota” –de 73 años de edad– disparó contra dos personas que ocuparon ilegalmente su propiedad en el municipio de Chalco.
El hecho conmocionó a la opinión pública, al tratarse de una adulta mayor, quien cansada de la omisión de la Fiscalía del Estado de México decidió “tomar la justicia en sus manos”.
El despojo es un delito impune que es consumado por particulares, sea por negligencia de las autoridades o franca colusión.
Y es justamente en Puebla donde se ha tejido una trama de corrupción desde el Poder Judicial del Estado.
Desde hace 10 años, doña María Teresa Viniegra Luna, de 82 años de edad, sin hijos ni familia, pelea en tribunales una propiedad en el municipio de Huejotzingo.
A pesar de su frustración y ante la próxima audiencia programada para el 20 de mayo, escribió una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum; al gobernador Alejandro Armenta; al magistrado José Eduardo Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura y a la magistrada Belinda Aguilar, presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Me permito compartirla debido a que ella decidió hacerla pública:
Soy María Teresa Viniegra Luna, tengo ochenta y dos años, radico en la Ciudad de México, no tengo hijos ni persona que vea por mí.
Soy una mujer que, como muchos, trabajé toda mi vida para forjar un patrimonio que me diera tranquilidad en la vejez.
Desafortunadamente, no he logrado ese objetivo gracias a la indolencia de los juzgadores del Estado de Puebla.
En el año 2012 mediante un poder notarial apócrifo fui privada de la propiedad y de la posesión de un bien inmueble que se encuentra en Huejotzingo, Puebla; falsedad que es incontrovertible ya que simple y sencillamente yo no lo otorgué, es decir, yo jamás estuve en una notaría en Tlaxcala, no manifesté mi deseo y voluntad de designar algún apoderado sin la obligación de rendir cuentas y menos aún para disponer de mi terreno que se encuentra en Huejotzingo, ni plasmé mi firma ante fedatario.
A pesar de ello, personas sin escrúpulos orquestaron actos jurídicos simulados a través de los cuales suplantaron mi identidad, me privaron de la propiedad del predio y lo vendieron beneficiándose ilícitamente a mi costa.
Cuando advertí esa circunstancia -en 2015- me trasladé a Puebla y acudí inmediatamente ante las autoridades judiciales del lugar, iniciándose el expediente 267/2015 del juzgado primero de lo civil del distrito judicial de Huejotzingo.
En 7 de noviembre de 2018 se resolvió el juicio a mi favor. La entonces autoridad de primera instancia determinó la falsedad del poder y la nulidad de las compraventas realizadas con dicho documento; declaró que yo soy la legítima propietaria del inmueble; y, en consecuencia, ordenó a los demandados a devolverme la posesión.
En apelación, los entonces magistrados de la Primera Sala revocaron la sentencia y ordenaron reponer el procedimiento, supuestamente para “perfeccionar” una prueba.
Para entonces es el 10 de junio del año 2019. Quien ordenó la primera reposición del procedimiento, sin tener justificación legal fue la MAGISTRADA MARÍA BELINDA AGUILAR DÍAZ HOY PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
En 24 de mayo de 2022, luego de reponer el procedimiento, la autoridad judicial en Huejotzingo cambió su criterio sobre los mismos hechos que había juzgado en 2018 en los que me había dado la razón; y ahora sin tener elementos nuevos decidió que el poder ya no era falso, desconoció mi derecho de propiedad; y, por si fuera poco, me condenó a pagar los costos del juicio.
Acudí al recurso de apelación, y no obtuve justicia, sino una nueva reposición de procedimiento, que la autoridad jurisdiccional de Huejotzingo debía cumplimentar en treinta días. Era el 28 de noviembre de 2022.
No pasaron treinta días sino dos años, dos meses y veintiocho días para tener una nueva resolución. El 26 de febrero de 2025, el juzgador en Huejotzingo retoma lo que ya se sabía desde el año 2018: que el poder es falso, que las compraventas son nulas, que yo soy la propietaria del predio y que debe devolvérseme la posesión.
Los hurtadores nuevamente acudieron a la apelación. Actualmente es la toca 158/2025 de la Segunda Sala Civil, integrada por los magistrados: María Emma Peralta Juárez, Humberto Arroniz Meza y José Roberto Grajales Espina y tiene audiencia de vista programada para el 20 de mayo del año en curso.
SEÑORAS Y SEÑORES ¡HE LUCHADO POR DIEZ AÑOS Y TODAVÍA NO ENCUENTRO EN LOS TRIBUNALES DE PUEBLA AL MENOS VISOS DE JUSTICIA!
La cercanía de la audiencia lejos de darme tranquilidad me causa zozobra, YA QUE, QUIEN ORDENÓ LA PRIMERA REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO HOY ES PRESIDENTA DEL TRIBUNAL Y EL MAGISTRADO GRAJALES ESPINA ES UNA CONSTANTE EN EL RETARDO DE LA DECISIÓN DEFINITIVA. Tengo noticia de que, en alguna obscura manera, él influye en sus pares para que mi asunto NO SE RESUELVA y a ello se deben las dos reposiciones de procedimiento que he sufrido y que en nada benefician a la resolución del asunto.
TEMO QUE MI VIDA CONCLUYA ANTES QUE EL EXPEDIENTE.
PIDO SU INTERVENCIÓN COMO GARANTÍA DE JUSTICIA, tengo ochenta y dos años, no daño a nadie. Sólo espero que este problema se resuelva conforme a la verdad.
Hasta aquí el sentimiento de una mujer vulnerada por las arbitrariedades de una élite judicial que decidió aprovecharse de su indefensión familiar.
Apelo a que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia corrija el rumbo de este caso sin retrasos ni trampas legales. Estaremos pendientes y dando seguimiento puntual al hecho.
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/CR
