El 25 de septiembre del año pasado, en el marco del ocaso del primer piso de la Cuarta Transformación, en una columna –de tres entregas– titulada “Andrés Manuel y las trampas de la fe”, afirmábamos lo que sigue:
«Y; sin embargo, hay menos pobres, por lo menos 5 millones de mexicanos salieron de esta situación abyecta por definición. ¿A causa de los 2.7 billones de pesos que durante el sexenio de AMLO se han destinado a “los apoyitos del bienestar”? No precisamente, por una combinación muy poderosa de 284.8 mdd acumulados desde 2019 por concepto de remesas, junto con cerca de 4.9 billones de pesos que tan sólo en 2023 produjo el crimen organizado».
«Aquí cobra sentido lucrativo la estrategia de “abrazos no balazos”, a tal grado que podríamos afirmar que una fracción nada desdeñable del sustento económico nacional se ha facturado con la sangre de cerca de 200 mil homicidios, al menos los oficialmente registrados durante el primer sexenio de la Cuarta Transformación».
La acumulación originaria que subyace detrás la violencia en México es escalofriante: estamos hablando de 4.5 billones de pesos, monto que equivale al 18 por ciento del PIB, según el Índice de Paz, México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Al respecto quizá valdría la pena preguntarse: ¿hasta qué punto los decomisos de armas de alto calibre están saboteando la cadena productiva de la violencia?
De acuerdo con el último informe de la secretaría de Relaciones Exteriores, entregado al Congreso de la Unión: durante los primeros cinco meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, y gracias a presiones del terrible señor Trump, se confiscaron 6 mil 582 armas de fuego –972 de uso exclusivo del ejército–, un millón 345 mil 397 cartuchos y 673 granadas. Datos que se traducen en una contracción de la incidencia homicida del 22.4 por ciento en términos acumulados.
Ahora bien, si en 2023 –de acuerdo con nuestra cita– el crimen organizado produjo una derrama de 4.9 millones de pesos; al cierre del año siguiente –de acuerdo el índice de paz– México no sólo registró una contracción en carpetas de investigación, también de 0.4 billones de pesos que la violencia ya no está generando en términos reales.
En una economía como la mexicana, que depende de cadenas de distribución informales y abiertamente delictivas –de los 61 millones de mexicanos que pertenecen a la población económicamente activa, únicamente 11 millones 440 mil 234 presentaron su declaración anual–, habría que preguntarse ¿hasta dónde el enfrentamiento real a los cárteles de la droga terminará saboteando la circulación del capital que produce la criminalidad? El peor de los escenarios se ha convertido en una realidad en México: la restitución de la seguridad pública está contrariada con la acumulación originaria del capital. Estamos en un callejón sin salida.