Metro Xola
Columnas
Una de las costumbres más perniciosas en la narrativa del tiempo presente ha sido la conversión de alegorías en conceptos; un buen ejemplo resulta ser la llamada “violencia política”, pues en dicha conjunción existen dos términos incompatibles: en principio toda violencia es instrumental, “muda por definición”; mientras que la política es diálogo, no sólo nace de la libertad, es la única capaz de lograr acuerdos y solución de controversias. ¿Por qué estas dos palabras se han entrelazado hasta llegar a la imposibilidad de su distinción? Quizá porque la política está en extinción, y en tanto este vacío crece va depredando el espacio donde surge la acción, dejando en su sitio un enorme campo de exterminio.
Únicamente bajo este terrible contexto es posible hablar de indicadores que, de otro modo, no podrían configurarse. Al respecto retomemos lo publicado en esta misma columna durante los primeros días de junio del lejano 2021:
«La violencia política ha contaminado los procesos electorales en 460 municipios, llevando a la tumba ¬–al corte de Etellekt de este lunes– a 89 políticos, 35 de ellos aspirantes a diferentes cargos de representación popular. El escándalo se completa cuando de las 737 agresiones y delitos totales, el 75 por ciento se trataba de aspirantes y candidatos opositores a los gobiernos locales. ¿A qué se debe la complicidad de semejante masacre? La lectura más obvia ha resultado toda una mecánica nacional: los sistemas ilegales han echado raíces de manera paralela a las estructuras gubernamentales, cuando la penetración se institucionaliza se completa la simbiosis entre servidores públicos y criminales; no por nada el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte del Pentágono, reveló un secreto a voces: “el 35 por ciento del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales”».
En otra columna, publicada el año pasado, actualizamos la cifras de la entelequia:
«En lo que va del proceso electoral que arrancó en noviembre pasado Data Cívica, a nivel nacional, ha documentado 8 amenazas, 24 asesinatos, 9 secuestros, 11 atentados, 4 ataques armados y una desaparición dirigida a candidatos, precandidatos y ex candidatos, con corte al 30 de abril de 2024».
«Semejantes números exhiben aquello que sólo el lópezobradorismo, que está compitiendo por un sexenio más de permanencia, con desfachatez se atreve a negar: que pedazos enteros del territorio nacional están bajo el control del crimen organizado, que los gobiernos –unos más, otros menos– pasaron de estar coludidos a estar secuestrados por redituables sistemas delincuenciales y que, como terrible consecuencia, sin seguridad no puede haber democracia. Quizá tengamos elecciones competitivas, pero ¿de qué nos sirven si los cárteles votan antes que los electores?»
Un año después, el pasado 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, en las inmediaciones de la estación del Metro Xola, un ataque directo al círculo inmediato de Clara Brugada no sólo demostró que el crimen ha penetrado el corazón de lo que seguimos llamando República –aunque ya no tengamos ningún indicio de su existencia–, sino que también ha evidenciado que en este país las mujeres, los periodistas, los activistas y hasta la clase política por igual pueden usar la misma consigna: “nos están matando”.
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/CR
