Los magistrados concluyeron que la fórmula de cobro contiene los parámetros que fueron fijados para considerar que el Derecho al Alumbrado Público es un derecho y no un impuesto
Por Vera Fernández
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para los municipios de Puebla, al concluir que la fórmula establecida por el Congreso del Estado es constitucional.
Este martes durante sesión, el Pleno de la SCJN declaró la validez del DAP para el Ejercicio Fiscal 2022, luego de que el Poder Legislativo avaló el cobro para 144 Ayuntamientos del estado.
El proyecto presentado bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf señala que la fórmula de cobro contiene los parámetros que fueron fijados por la misma Corte para considerar que el DAP es un derecho y no un impuesto.
Entre los elementos se encuentra el objeto del cobro; la prestación de servicio; los sujetos, propietarios o poseedores de predios; la base de contribuyentes; el costo anual actualizado del servicio respecto al año anterior; la cuota mensual a pagar y la época de pago.
Al considerar que el Congreso local realizó la formulación correcta del cobro, el máximo tribunal del país desestimó la acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para echar abajo el DAP.
El proyecto que reconoció la validez del DAP para Puebla fue aprobada con ocho votos a favor y tres en contra.
Con dicha resolución, el Poder Legislativo poblano contará con elementos jurídicos suficientes para autorizar el Derecho de Alumbrado Público a los municipios que así lo soliciten para el Ejercicio Fiscal 2023.
Libra Congreso revés de la Corte
El 24 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado aprobó el DAP para 144 Ayuntamientos; sin embargo, negó el cobro a los municipios panistas de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula por cuestiones políticas.
En febrero de este año, la CNDH promovió una acción de inconstitucional contra diversas Leyes de Ingresos Municipales 2022, con la finalidad de declarar la invalidez del cobro.
Además, el Ayuntamiento de Puebla –encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez– presentó una controversia constitucional para exigir que se les autorizara del DAP, recurso jurídico que todavía está pendiente por resolverse ante la SCJN.
Foto: Agencia EsImagen