El Peor Enemigo de Eduardo Rivera fue quien lo Salvó del Infierno (Historia de una Concertacesión Política)
Columnas
Rafael Moreno Valle mandó al infierno a Eduardo Rivera Pérez en 2017 y unos meses después le abrió las puertas del cielo.
En otras palabras:
El verdugo fue quien lo santificó.
El contexto, faltaba más, fue político-electoral.
Ya se sabe:
En la puebla morenovallista la política estaba por encima de lo jurídico.
¿Qué le pidió el exgobernador al expresidente municipal (2011-2014)?
Que contendiera por la capital nuevamente bajo las siglas del PAN y que apoyara la candidatura de Martha Erika Alonso a la gubernatura de Puebla.
Una foto entre ambos —tomada en una cafetería— fue la prueba de amor exigida por Moreno Valle.
Un elemento leguleyo bastó para quitarle a Rivera Pérez los clavos ardientes de una inhabilitación por doce años, el pago de una multa de 25 millones de pesos y una sanción por deficiencias en su administración municipal por cerca de 290 millones de pesos.
Dicha “leguleyada” tuvo que ver con pruebas supervenientes originalmente no presentadas, debido a que su director jurídico “era quien las tenía en su poder”.
A partir de eso, el Congreso en pleno lo perdonó y dio por caducado el procedimiento.
Esta es la historia de cómo se burló la ley:
El miércoles 4 de enero de 2017, el Congreso del estado generó un decreto por el que autoriza a la Auditoría Superior del Estado para que inicie y substancie un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de Eduardo Rivera Pérez “por presuntas irregularidades en que incurrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013”.
El viernes 7 de abril, el Congreso generó un nuevo decreto por el que determina que el exalcalde de Puebla es administrativamente responsable de las irregularidades en que incurrió en el plazo antes citado, imponiéndole diversas sanciones, entre ellas: “la inhabilitación por un término de doce años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.
Hay que decir que el Congreso inició el procedimiento administrativo por 51 irregularidades detectadas a su Cuenta Pública de 2013.
El monto de inicio ascendía a 411 millones 698 mil pesos.
Ese 7 de abril, el Pleno del Congreso aprobó dicho procedimiento, por lo que Rivera Pérez estaba obligado a restituir 25 millones 597 mil pesos.
Los diputados locales también lo habían sancionado por deficiencias administrativas —por 288 millones 336 mil pesos— provenientes de los fondos de participaciones y recursos propios, tales como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonaculta), y el Fopedem, relacionado con el rescate de espacios públicos.
Ante eso, Rivera Pérez promovió el juicio de amparo 943/2017 ante el Juzgado 3º de Distrito.
Entre otros actos, reclamó la inhabilitación por 12 años y su ejecución.
(De la entonces Contraloría reclamó la inscripción de la sanción).
Hay que decir que en audiencia constitucional se le negó el amparo solicitado.
Rivera Pérez promovió un recurso de revisión del amparo.
El jueves 23 de agosto de 2018, nuevamente el Congreso publicó un decreto pero ahora en un sentido absolutorio en los siguientes términos: “en virtud de las pruebas supervenientes, presentadas por Rivera Pérez, deroga su similar de fecha 7 de abril de 2017 determinando que el citado expresidente no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron (…) aprobándose la Cuenta Pública”.
Meses después, por auto del 6 de septiembre de 2018 —una vez que la Auditoría Superior del Estado se desistió del procedimiento sancionador—, el exalcalde también se desistió del juicio de amparo, “ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido”.
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/CR
