La ley es la ley
Columnas
El próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar enfrenta un reto importante en su vida profesional: impartir justicia con base en la ley.
En el país no puede operar la máxima de Andrés Manuel López Obrador: “no me digan que la ley es la ley” o la de “al diablo las instituciones”, porque si algo requiere la sociedad es respeto a la institucionalidad consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Puede comprenderse el ánimo de visibilizar a México como una nación pluricultural, eso es loable y nadie lo puede regatear ni menospreciar, pero es muy diferente a pretender la aplicación de la justicia fuera de lo preestablecido.
Incluso en el sexenio de López Obrador reformaron la Constitución para dar mayor reconocimiento a los pueblos originarios, fortaleciendo el Estado de derecho para estos grupos sociales.
Las declaraciones de Aguilar a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paz Varela dejan entrever la aplicación de criterios extralegales, por denominarlos de alguna forma, cuando alude que él conoce otros códigos para enfrentar su encargo.
Es la nueva versión de “tengo otros datos” y que implica un riesgo de observar las diferencias constitucionales con argumentos fuera de la norma.
Que el próximo presidente de la Corte sea de origen indígena sin duda representa una oportunidad para la estructura judicial mexicana, pero debe ceñirse a la Constitución.
En todo caso podría proponer reformas y en alianza con el Legislativo o el Ejecutivo modificar la carta magna para aplicar un sistema de justicia distinto al que conocemos ahora, para eso sirven las mayorías.
Impartir justicia con base en criterios unipersonales, ideológicos, no escritos ni reconocidos es darle la espalda a la tradición constitucionalista que se ha construido en México durante años.
La negativa de usar la toga es otro tema, aunque no menor.
El argumento de Morena es que la prenda de vestir representa al régimen del pasado y que aleja a la sociedad del Poder Judicial.
Es una cuestión de solemnidad, pero puede igualmente considerarse como un asunto de forma y no de fondo.
Lo significativo es el uso de la Constitución y las leyes secundarias a favor de la justicia.
Es altamente relevante que no se utilice un sentido de grupo o partido para favorecer a quienes están “de ese lado de la historia” y perjudicar a quienes públicamente se expresan en contra.
De ese tamaño es el reto de Hugo Aguilar y de su desempeño dependerá el respeto a las instituciones del país, pero igualmente a la buena convivencia entre las y los mexicanos y a poner fin a los abusos de poder.
El problema ya no es la reforma al Poder Judicial, sino que los primeros beneficiarios de esta, las y los recién electos ministros de la SCJN entiendan su papel desde la perspectiva de la imparcialidad.
CAJA NEGRA
A la luz de los hechos y las declaraciones después de confirmados los resultados de la elección de integrantes del Poder Judicial la ministra Yasmín Esquivel Mossa parece la más prudente, sensata y discreta.
No puede pasarse por alto toda su historia reciente con la UNAM, pero si algo requiere la vida institucional es de personas que entiendan su encargo y dejen de lado la improvisación y que depositen en otras manos la disputa por la política partidista.
Ni Lenia Batres, ni Loretta Ortiz, generan confianza en el ámbito judicial y político más allá de sus seguidores, pero ahí están y ahora están llamadas a olvidarse de la grilla que les ha caracterizado.
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/CR
