Indigenismo líquido

Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La marcha del populismo judicial está a toda máquina, en buena medida impulsada por “los sueños húmedos” de la propaganda gubernamental. La justicia –contrario a lo que opina Aguilar Ortiz– no debe ser cercana a la gente, sino al Derecho, tampoco representa a nadie más que a los valores que rigen el proceso, y tampoco necesita indumentaria alguna –sacada de un ballet folklórico– para demostrar que está apegada al convencionalismo que sustenta la identidad de los pueblos originarios. Desde luego, hoy nada de eso importa, para bien o para mal la SCJN se rindió ante el espectáculo de un indigenismo líquido.

Ciertamente, un acordeón elevó a un mixteco, con estudios truncos de maestría y una licenciatura en Derecho cursada en una universidad que está muy lejos de ajustarse a los mejores estándares del país, a la presidencia de la Suprema Corte. Quizá, esta grandiosa oportunidad histórica, sea un buen pretexto para preguntarse: ¿qué ha hecho la 4T durante estos seis años por mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios?

Bastaría con mencionar un simple ejemplo: a principios de abril el IMSS-Bienestar detectó 99 hospitales públicos que no tienen ningún quirófano funcionando, 67 por ciento de los mismos atienden a poblaciones indígenas. De acuerdo con la información de Alejandro Svarch, director de la dependencia, durante este 2025 sólo hay presupuesto para la rehabilitación de 10 de los 99 quirófanos en cuestión; el resto seguirán esperando “la tierra prometida” de Dinamarca. Ahora, dígame usted ¿cómo ayudaría una indumentaria regional, o la ascendencia mixteca de Hugo Aguilar, a restituir esta deuda sanitaria?

Según datos del Inegi este país cuenta con más de 6 mil indígenas tras las rejas esperando sentencia, en razón de su precarización económica, de que no hablan español y de que no cuentan con el acompañamiento de ningún intérprete, además de que carecen de una protección legal efectiva pues sólo hay un defensor de oficio por cada 600 mil indígenas en México. ¿Acaso el hecho de que la reforma judicial haya invisibilizado el acceso al debido proceso de los integrantes de los pueblos originarios no es, en el fondo, un clasismo encubierto bajo el halo de la propaganda gubernamental?

Seamos sensatos, ¿qué caso tiene que la Sala Superior esté a punto de convertirse en un set del Club del Hogar –con “gori gori” incluido– si no existe ni presupuesto ni voluntad política para alterar los rasgos estructurales que han mantenido a los indígenas en cadenas de exclusión permanentes?

Y, sin embargo, démosle el beneficio de la duda al ministro mixteco. En sus manos está demostrarnos que un acordeón también puede ser un instrumento de independencia judicial cuando, forzado por las circunstancias, tenga que emitir su voto y encausar su exégesis a favor de los derechos de los suyos y en detrimento de los intereses del gobierno pues, de lo contrario, la Nación Yaqui por enésima ocasión en la historia de México nos demostrará que no se ha equivocado.