Venden tres veces predio en Ciudad Modelo con la complicidad de notario 1 de Tepeaca

El sitio has estado en disputa los últimos 30 años y han desfilado líderes sindicales, empresarios y hasta exsecretarios estatales.

Por Ignacio Juárez Galindo (Parte I)

Por casi 30 años un predio de 5.3 hectáreas, ubicado en la exclusiva zona de Ciudad Modelo, ha sido el motivo de disputa en el que lo mismo aparece el líder de la CMM, Leobardo Soto Martínez; el exsecretario estatal de Desarrollo Urbano Federico Bautista Alonso y dos empresarios poblanos defraudados.

Sin embargo, un punto que une a todos son dos nombres: Armando Miguel Bravo y Martínez, quien en tres ocasiones ha vendido o utilizado el predio para solventar deudas millonarias; y Paulo Javier Rodríguez Cantellano, el notario público 1, con sede en Tepeaca, sobre quien pesan múltiples denuncias por despojos y procesos penales abiertos.

A esto se suma un problema adicional: en el predio fueron construidas 240 viviendas del fraccionamiento residencial Balmaseda para trabajadores de la armadora alemana Audi y que formaba parte del plan de desarrollo urbano del polígono.

Ese complejo fue construido por la empresa Aisa Constructora de Puebla en la que Bautista Alonso figura como uno de los socios.

En 2017, Miguel Bravo difundió la versión entre varios medios de comunicación locales que la obra era un fraude y reclamaba los derechos del terreno, pero lo que no dijo es que desde 1993 lo había vendido a la asociación civil Esfuerzo Compartido Pro-Vivienda San Marcos, por el que recibió 2.5 millones de pesos.

La disputa por el predio ha tenido varios episodios, pero se reactivó tras aparecer una víctima más de Armando Miguel Bravo y el notario de Tepeaca: el empresario Abraham Tlaiye Reina, quien denunció ante la Fiscalía General del Estado el modus operandi del par de imputados que incluye la simulación notarial, ocultamiento de información, elaboración de documentos apócrifos, falsificación y hasta el registro de colindancias y medidas de una superficie que no existe.

HISTORIA DE UN FRAUDE

El predio de la discordia lleva el pomposo nombre de “Fusión de la Sub-fracción Uno y el predio rústico conocido como Sub-fracción Dos, en que se dividió la exhacienda de San Marcos, de la población de Rafael Lara Grajales, sobre el kilómetro 54 de la carretera Puebla-Oriental, vía Amozoc-Nopalucan de la Granja, del distrito judicial de Tepeaca”.

Está conformado por 5.3 hectáreas que originalmente pertenecían a la familia del dirigente de la CMT de Puebla, Leobardo Soto Martínez, pero que en 1986 decidieron venderlo a Armando Miguel Bravo y Martínez y su esposa Rosa María Garza Estrada. No se sabe con precisión el monto de la transacción.

El matrimonio lo tuvo bajo su posesión hasta el 6 de septiembre de 1993 cuando oficialmente lo vendieron por 2.5 millones a la mesa directiva de Esfuerzo Compartido Pro-Vivienda San Marcos, lo cual quedó registrado en el instrumento notarial 3914, volumen 84, de la notaría pública 33, encabezada por Amado Camarillo Sánchez.

El terreno, sin embargo, extrañamente fue comercializado el mismo día por la asociación que lo transfirió a una persona de nombre Carlos Nelson Velarde Calderón.

Los años pasaron y nadie tuvo conflicto con el predio. Aunque en diferentes medios de comunicación Miguel Bravo aseguró que entre 1987 y 2014 estuvo fuera del municipio debido a cuestiones laborales, lo cierto es que el 25 de diciembre de 2006 el sujeto firmó un contrato con el empresario Abraham Tlaiye Reina por el que recibía un préstamo de 1.8 millones de pesos, los cuales se comprometía a pagar en los próximos 10 años.

El tiempo corrió y en 2016 Bravo no pudo hacer frente a la deuda contraída.

De acuerdo con la denuncia presentada por Tlaiye, el denunciado recurrió a él para solicitarle la cantidad de 550 mil pesos, “argumentando que su hija estaba enferma”, a lo que accedió porque “son personas que conozco de años”, “por tratar de ayudar” y porque le exhibieron propiedades con las cuales podía hacer frente ante un nuevo incumplimiento.

Los meses transcurrieron y Miguel Bravo nuevamente evadió el pago con decenas de pretextos. Ante la presión del empresario, entonces, le propuso liquidar una parte de la deuda con la entrega de un terreno de 3 mil metros cuadrados. Para ganarse su confianza, le aclaró que la escrituración del predio la había realizado el mismo notario con el firmaron el contrato por los 1.8 millones: Paulo Javier Rodríguez Cantellano.

Así pues, el 7 de agosto de 2019 se formalizó la entrega del terreno bajo la figura de dación de pago. Y fue allí donde comenzó todo el ardid que hoy tiene bajo investigación a Bravo y al notario de Tepeaca.

Resulta que Rodríguez Cantellano dio fe de que su ahora cómplice era el dueño y poseedor del predio en cuestión y para acreditarlo se valió del instrumento 29772 que él mismo había emitido, pero hizo la aclaración que todavía no había sido inscrito ante el Registro Público de la Propiedad.

Poco después, Abraham Tlaiye comenzó a sospechar que había sido víctima de un fraude. El primer indicio lo tuvo a los 19 días, cuando el notario publicó un aviso preventivo de compra-venta entre Miguel Bravo y Julio Analco Catzalco, es decir, al momento de la dación de pago el moroso no era ni dueño ni poseedor del inmueble.

Esto lo llevó a solicitar el certificado histórico del predio, el cual le fue entregado hasta el 29 de abril de 2021. Con esa información, el empresario jaló el hilo y la madeja cayó completa.

Por ejemplo, se enteró que en el instrumento 29772, utilizado para la dación, quien aparecía como vendedor del terreno era el secretario y representante legal de Esfuerzo Compartido Pro-Vivienda San Marcos. Allí también se asienta que el predio había sido vendido por la asociación en 1993 a Carlos Nelson Velarde, es decir, o Analco Catzalco estaba vendiendo un predio que ya no era de su propiedad o simplemente nunca existió el nuevo contrato de compra-venta.

“Los notarios públicos están obligados a dar fe de hechos reales y de corroborar que sus actuaciones estén dentro del marco de la legalidad y aunado a esto la inscripción que señaló el notario estaba pendiente respecto a esa supuesta compra-venta nunca se llevó a cabo en el Instituto Registral y Catastral, por lo tanto con esto se demuestra que lo único cierto es que el Notario Público número uno de Tepeaca jamás escrituró el inmueble de nueva cuenta a nombre de Armando Miguel Bravo y Martínez”, asentó Abraham Tlaiye en la ampliación de su denuncia.

PERO LA HISTORIA NO CONCLUYÓ AHÍ.

Tlaiye no sabía que desde 2012 Miguel Bravo había comenzado toda una serie de escándalos y chicanadas para reclamar la propiedad de un predio que había vendido desde 1993.

En 2012, con la ayuda de la policía municipal de Nopalucan derribaron una barda que pertenecía a un centro comercial que Leobardo Soto pretendía construir en el lugar, a pesar de que ese terreno había sido vendido por sus familiares muchos años atrás.

Siete años después entabló un juicio civil, bajo el expediente número 516/2017, en contra de la Aisa Constructora de Puebla, en el que demanda ser el auténtico propietario del terreno.

En enero de ese mismo año, Miguel fue denunciado penalmente por el empresario Paul Prida Noriega, quien le prestó la cantidad de 1 millones de pesos y recibió como aval el mismo terreno de la discordia, es decir, la propiedad que había vendido en 1993.