Jueza ordena al gobierno de Trump facilitar el regreso de migrante venezolano deportado ilegalmente a El Salvador

Una jueza federal en Estados Unidos ordenó a la administración del expresidente Donald Trump facilitar el retorno de un migrante venezolano de 20 años, identificado como "Cristian", quien fue deportado en marzo a una prisión en El Salvador, pese a estar protegido por un acuerdo judicial que impide su expulsión mientras se resuelve su solicitud de asilo.

La jueza de distrito Stephanie Gallagher dictaminó que el gobierno estadounidense debe tomar acciones afirmativas para garantizar el regreso del joven a territorio norteamericano, en cumplimiento del acuerdo de conciliación alcanzado en 2024 como parte de una demanda colectiva presentada desde 2019 en favor de menores no acompañados que solicitaron asilo.

Según el fallo, la administración no puede limitarse a enviar solicitudes formales al gobierno salvadoreño, sino que debe intervenir activamente. “No basta con una petición de buena fe; quedarse de brazos cruzados no es facilitar”, puntualizó Gallagher, subrayando que existen precedentes en los que las autoridades federales actuaron para revertir deportaciones indebidas.

El abogado del colectivo demandante aseguró que la deportación de Cristian violó los términos del acuerdo de solución vigente, argumento que fue respaldado por la magistrada, quien ordenó que el joven pueda continuar con su proceso migratorio en suelo estadounidense.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el tribunal carece de jurisdicción sobre el caso, posición que la jueza desestimó como infundada, evidenciando una nueva fricción entre el poder judicial y la política migratoria implementada durante el mandato de Trump.

El caso de Cristian se asemeja al de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño igualmente deportado y encarcelado en su país. En ambos casos, los jueces han solicitado a la administración estadounidense facilitar su retorno, sin que hasta el momento se haya cumplido la orden.

Durante marzo de 2025, más de 250 migrantes fueron expulsados a El Salvador bajo una controvertida interpretación de la ley de "enemigos extranjeros" de 1798. La mayoría de ellos eran venezolanos, y fueron enviados a cárceles salvadoreñas en un acuerdo económico entre ambos gobiernos. Trump los acusó de vínculos con pandillas, incluyendo al Tren de Aragua, designado como grupo terrorista por su administración.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ha mostrado resistencia a permitir el retorno de algunos de estos migrantes, incluyendo a Ábrego, lo que complica aún más el cumplimiento de las órdenes judiciales estadounidenses.