Mineras pierden cinco concesiones en Puebla

Nada bien les ha ido a las empresas que tienen permiso para extraer minerales en Puebla. En un mes han perdido cinco concesiones: tres de ellas las tenía la Compañía Minera Autlán y dos la canadiense AlmadenMinerals Ltd.

El caso más reciente es el de Autlán y su subsidiaria Minas Santa Martha: se quedaron sin tres concesiones cuya expedición violentó los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del pueblo masehual, según lo que determinó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

Las concesiones 219298, Atexcaco I; 221609, Atexcaco II; y 208799, Macuilquila, para la explotación de oro, plata y cobre fueron otorgadas sin que se garantizara el derecho a la consulta de los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso.

La decisión se da a un mes de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejara “insubsistentes” las concesiones de la canadiense Almaden enTecoltemiy le cancelara dos concesiones otorgadas en los años 2003 y 2009.

A Almaden la Dirección General de Regulación Minera, perteneciente a la Secretaría de Economía, le dio la primera concesión en marzo de 2003, y la segunda en febrero de 2009. Ambas abarcan alrededor de 14 mil 229 hectáreas, y abarcan diversas comunidades, entre las que se encuentra Tecoltemi, en Ixtamaxtitlán.

El motivo del fallo en contra de Minera Autlán y AlmadenMinerals es el mismo: las concesiones se autorizaron sin que se realizara la consulta indígena.

Ambos casos tienen más de un vaso comunicante: en 2021 la SCJNtratóun amparodel pueblo masehual similar al que abordó en febrero pasado sobre Tecoltemi. El pueblo masehual denunciaba la ausencia de consulta, pero en aquella ocasión los ministros enviaron el caso al tribunal colegiado para que decidiera.

Hoy día, tanto los habitantes de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, como los de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan ganaron en sus demandas contra las empresas mineras, y estas han perdido cinco concesiones en Puebla.

La semana pasada el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que el tribunal otorgó la razón al pueblo masehual en su demanda contra las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, y ordenó dejarlas insubsistentes.

La decisión, agrega CEMDA en un comunicado, «constituye un paso fundamental en la protección de los derechos de las comunidades indígenas a la información, participación en la toma de decisiones y consentimiento previo, en relación con los derechos a gozar de un medio ambiente sano y de tener acceso al agua; así como en la construcción del llamado Estado pluricultural.»

La inconformes de los pueblos originarios, en este caso, data de septiembre de 2014, cuando ante la amenaza extractiva mandataron la defensa y cuidado de su territorio al Consejo MasehualAltepetajpianij que en 2015 interpuso un juicio de amparo en el que argumentó que la Ley Minera es violatoria de sus derechos fundamentales al territorio, al acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados, así como de su derecho al agua, además de ser inconstitucional por contener y desarrollar una estructura que legitima la violencia estructural.

El CEMDA argumentó que las concesiones fueron otorgadas a Autlán, subsidiaria y controlada por Grupo Ferrominero, S.A. de C.V. (Grupo Ferrominero), sin garantizar su derecho a la consulta y sin su consentimiento, de acuerdo con lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México es parte.

Minera Autlán y su subsidiaria Minas Santa Martha se defendieron señalando que “la concesión minera no altera en nada la situación de derechos de la comunidad indígena, y sería en posteriores etapas que podría haber algún impacto, pero ello son hechos futuros de realización incierta, que no son materia del juicio de amparo».

El Tribunal Colegiado señala que las autoridades debieron prever un procedimiento de consulta, toda vez que los minerales del subsuelo son bienes que comparten un doble régimen: el dominio pertenece al Estado, pero de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, se reconoce como parte de los derechos de las comunidades indígenas la participación en su utilización, administración y conservación.

La decisión reconoce que la forma en la que se emitieron los títulos de concesión ocasionó afectación al pueblo masehual, su territorio y sus recursos naturales, por lo que dichas concesiones quedan insubsistentes.

Vamos, ¿era tan difícil que las compañías, una de capital canadiense y otra de capital mexicano, hicieran las cosas como se debe?

Ahora falta que se proceda en contra de las autoridades que otorgaron o facilitaron la entrega de las concesiones, en Puebla y el resto del país, sin que se cumpliera con la ley.