Nueva Ley de Telecomunicaciones en México

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión está avanzando rápidamente en el Senado mexicano, una legislación respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que ha suscitado fuertes críticas debido a lo que significa para la privacidad, la libertad de expresión y la regulación de una industria tradicionalmente poderosa.

Aprobada con 71 votos a favor y 29 en contra, después de más de seis horas de debate, la reforma elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como parte de esta nueva Administración Pública y crea la Agencia para la Transformación Digital y las Telecomunicaciones (ATDT), lo que fortalece el control estatal sobre un sector estratégico. El polémico Artículo 109, que permitía el cierre temporal de plataformas digitales, pero que ahora ha sido retirado, ha desaparecido, pero persisten las preocupaciones sobre la forma autoritaria de la legislación.

Una de las propuestas más controvertidas es el permiso para rastrear la ubicación de teléfonos móviles en tiempo real sin una orden judicial, lo cual algunos, como el senador del PRI, Alejandro Moreno, han criticado, refiriéndose a ello como un “gran hermano del bienestar” que socavaría la privacidad de las personas.

A esto se añade la cláusula y el poder de suspender la emisión de programas de radio y televisión por violar los derechos de la audiencia, basándose en la autoridad de la Secretaría de Gobernación, lo que ha sido criticado como una medida de censura. Las organizaciones civiles han advertido que la ley podría permitir restricciones arbitrarias a las comunicaciones, como los “apagones de internet” reportados en otros países autoritarios como Estados Unidos y China.

Aunque se ha establecido la CRT para ralentizar la centralización del poder en la ATDT, la independencia técnica y operativa de la comisión aún está en el aire, ya que los comisionados serán nominados por el Ejecutivo y confirmados por el Senado, mecanismos que podrían permitir la influencia política.

Además, la ley no considera adecuadamente la cuestión de la brecha digital ni el derecho a un enfoque intercultural, ni incluye mecanismos para consultar con los pueblos indígenas sobre el uso de la radiofrecuencia.

Mientras tanto, los defensores de esta ley afirman que la reforma es beneficiosa y que lleva a un México más conectado e integrado al abordar la brecha digital. Pero la falta de transparencia en el proceso legislativo, que los legisladores de la oposición y la sociedad civil han descrito como “vía rápida”, y la poca integración de las propuestas de la sociedad civil, siembra dudas sobre sus intenciones democráticas.

Aunque la eliminación del artículo 109 es un avance, la Ley de Telecomunicaciones es, no obstante, extremadamente peligrosa para los derechos digitales y la libertad de expresión. La vigilancia extensiva, la acción gubernamental arbitraria y la falta de controles y equilibrios podrían afianzar el dominio estatal de la tecnología de una manera que, en lugar de conducir a la democratización del acceso a la tecnología, apuntale una versión autoritaria de la misma.

El debate continuará en estas semanas ya que puede seguir fortaleciéndose con el aporte de todos los sectores incluidos y sobre todo los usuarios a través de la sociedad civil y construir una ley moderna e inclusiva.