Militares al Congreso de la Unión

Columnas miércoles 25 de junio de 2025 - 22:03

«Una de las críticas muy ignorantes, que solo muestra desconocimiento, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o cargo»

Claudia Sheinbaum

¿En verdad la crítica en torno a la apertura de los militares a los espacios de representación política es tan “ignorante” como la Comandanta en Jefa de las Fuerzas Armadas asegura? Abordemos el problema desde una perspectiva histórica:

El Congreso Constituyente de 1916-1917 contó con el mayor número de generales en la historia constitucional de México; y era obvio, se trataba del pacto social emanado de una fracción triunfante del conflicto revolucionario. En consecuencia, y según la producción académica tradicional, los militares tenían “carta abierta” en los espacios de representación del Congreso de la Unión, las gubernaturas de los estados y la Presidencia de la República hasta que el desarrollo estabilizador de los años 40 generó un creciente civilismo que, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, ocasionó la terminante reclusión de los militares a sus cuarteles.

Entonces, como diría la vieja canción, ¿el país está regresando a “los viejos sitios donde amó la vida”? No precisamente. El Ejército de los años 20 del general Joaquín Amaro, visto desde su estructura orgánica, fuerza reactiva y capacidad de gestión, estaba a “años luz” de la institución que Ricardo Trevilla comanda desde el 1º de octubre de 2024, e incluso el estado actual de la dependencia superaría la que Guillermo Galván encabezó en 2006, cuando el Ejército Mexicano empezó a ejercer funciones de policía que, con el paso del tiempo, se convertirían en la puerta de entrada de las fuerzas armadas a la administración pública de todos los niveles de gobierno.

Al respecto, el 13 de mayo de 2020, en mi columna “De vuelta el Ejército, ¿y cuándo se fueron?” abordábamos el mismo problema desde otra óptica:

«Los militares desde el sexenio de Felipe Calderón, una política de seguridad interior que la 4T no se atrevió a interrumpir, han hecho visible su cooptación del espacio público siendo responsables de la violación sistemática de garantías individuales; bastaría con revisar el número de recomendaciones emitidas por la CNDH a las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, al año siguiente a la declaración de guerra al narcotráfico del jocosamente bautizado “comandante Borolas”: durante 2008 el ombudsperson emitió diez recomendaciones por desapariciones forzadas, torturas, cateos ilícitos y detenciones arbitrarias perpetuadas por “el pueblo uniformado”; un número para nada lejano a las seis recomendaciones que el año pasado se interpusieron a los mismos actores casi por las mismas causas».

Un par de años después, el 14 de septiembre de 2022 regresé al asunto, en otra columna casi profética intitulada “La 4T será militar o no será”:

«¿Cómo llegó México, una nación herida por una interminable vocación de desapariciones forzadas que se remontan mucho antes de los hechos de 1968, a confiar en los principales sospechosos detrás de esa cadena de transgresiones tumultuarias? (…) El problema no sólo es que el ejército permanezca en las calles, sino que México se está convirtiendo en la cuna de un militarismo francamente extemporáneo en América Latina; pues los señores generales, al coordinar labores civiles-administrativas, día tras día se constituyen en un cuerpo colegiado que hace las veces de una auténtica jefatura de Estado».

Y es aquí donde entra en juego la famosa “licencia indefinida” de Sheinbaum, la misma frente a la cual no pudo negarse, y que en la práctica les concede a los generales la posibilidad de iniciar carreras políticas de largo alcance. No sólo estamos ante el retorno de los uniformes verde olvido al Congreso de la Unión sino que, en perspectiva comparada: en los años de 1917, 1920 e incluso en 1940 los cuerpos castrenses no tenían a su cargo la cantidad de dependencias y atribuciones administrativas que hoy poseen; así que 100 años después –justo cuando el PRI está en fase terminal– los generales de la Nación están a punto de regresar por sus fueros y por el botín completo del Estado Mexicano.