Hay víctimas que llevan años esperando justicia. Y hoy que por fin existe una ley que va a ayudarlas y a protegerlas, la atención se desvía en algo que nunca se buscó hacer.
En Puebla, por fin existe la ‘Ley de Ciberseguridad’ que permite castigar los delitos digitales. Durante años, niñas y niños acosados, mujeres violentadas y adultos mayores estafados enfrentaron un doble ataque: el de los agresores y el de un sistema que no tenía cómo protegerlos.
Esta reforma era urgente. Porque mientras se sigue discutiendo si se debía legislar o no, hay víctimas que viven la agresión digital todos los días.
Tan solo en 2023, más de 460 mil poblanas fueron víctimas de ciberacoso. Las formas más comunes incluyeron contacto mediante identidades falsas, insinuaciones sexuales, mensajes ofensivos y llamadas agresivas. (Inegi 2023).
En Telegram, un grupo compartía fotografías de mujeres tomadas en el transporte público, sin su consentimiento. En la colonia Guadalupe Hidalgo, un hombre fotografiaba niños a la salida de una primaria, sin que se configurara un delito. En Cuautlancingo, dos menores fueron víctimas de un secuestro virtual. Y la estafa de la "Falsa Tarjeta del Bienestar" dejó sin ahorros a decenas de adultos mayores.
Todos esos casos tienen algo en común: ocurrieron en las redes. Y algo más: hasta hoy, no había cómo enfrentarlos con claridad.
Gracias a esta ley, Puebla por fin puede castigar el ciberacoso a menores, el fraude digital, la usurpación de identidad y el espionaje digital. Hoy hay sanciones claras y protocolos legales que brindan protección real a quienes están en peligro.
Lo que antes quedaba impune, hoy tiene respuesta. La seguridad digital dejó de ser una deuda y ahora es un compromiso cumplido.
Es natural que una nueva reforma genere distintos puntos de vista. Pero cuando la atención se concentra solo en el debate político, lo urgente se posterga: la seguridad digital de miles de personas. Cada minuto que pasa sin avanzar, es un momento en que alguien más sigue expuesto, sin respuesta ni protección.
Esta ley no persigue ideas ni sanciona críticas: actúa contra quienes utilizan el espacio digital para dañar, extorsionar o amenazar. La libertad de expresión está garantizada, como debe estarlo en toda democracia.
También protege a periodistas, activistas y ciudadanos que enfrentan agresiones por ejercer su voz. La censura no está en esta ley: está en quienes intimidan y violentan desde el anonimato.
Hoy, la prioridad es Puebla. Y mientras algunos insisten en discutir lo que esta reforma no es, el gobierno encabezado por Alejandro Armenta ya trabaja en lo que sí importa: garantizar la seguridad digital de todas y todos.
Porque aquí, la justicia no se puede postergar.