La dignidad no se negocia: por una política pública integral frente a la prostitución en Puebla

En los últimos días ha resurgido en el Cabildo de Puebla la discusión sobre una posible reforma al Código Reglamentario Municipal (Coremun) para eliminar las disposiciones que sancionan la prostitución ejercida en la vía pública. Esta iniciativa, bajo el argumento de garantizar derechos y dignidad, pretende redefinir la prostitución como “trabajo sexual” y eliminar su carácter sancionatorio, sin ofrecer a cambio un modelo de atención integral que responda a la complejidad del fenómeno.

Como regidora presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, y como mujer comprometida con los derechos humanos, la seguridad y la justicia social, no puedo guardar silencio ante una reforma que, bajo la apariencia de progresismo, ignora la violencia estructural, la trata, la explotación y la exclusión que subyacen en el ejercicio de la prostitución callejera en nuestro municipio. En un país donde siete de cada diez mujeres enfrentan violencia, ¿de verdad creemos que una mujer que se para en una esquina lo hace libremente y por vocación? ¿O más bien porque no tuvo otra opción?

Aceptar la prostitución en vía pública como un “trabajo” digno sin garantizar primero condiciones mínimas de salud, seguridad, alternativas económicas y redes de apoyo comunitario es una forma de normalizar la desigualdad, y lo que es aún más grave: de institucionalizar la violencia que muchas mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad viven día a día. No se trata de estigmatizar a quienes ejercen la prostitución, sino de visibilizar el abandono institucional al que han sido sometidas durante décadas.

Rechazo esta reforma porque la dignidad de la persona no puede reducirse a la libertad formal de vender el cuerpo en condiciones de marginación y peligro. La dignidad, como la concibe el filósofo Ronald Dworkin, no es solo un atributo individual, sino un compromiso colectivo con el valor intrínseco de cada ser humano. Defender la dignidad significa construir condiciones materiales y simbólicas para que ninguna persona tenga que recurrir al mercado de cuerpos como único recurso de sobrevivencia.

Por eso, desde la Comisión de Seguridad y Justicia, impulsamos una alternativa: el modelo Calle Viva, una política pública diseñada específicamente para abordar fenómenos urbanos complejos como la prostitución, la mendicidad, el comercio ilegal y la violencia estructural. Este modelo no se limita a regular lo visible; va a la raíz del problema. Calle Viva propone una intervención territorial integral que articula salud, seguridad, inclusión económica, participación ciudadana y regeneración del espacio público. No se trata de limpiar las calles, sino de reconstruir el tejido social con dignidad y justicia.

La prostitución en vía pública no es solo un “problema de reglamento”, es un síntoma de un sistema que ha fallado en proteger a las mujeres, a las infancias y a quienes viven en los márgenes. Por eso no basta con eliminar sanciones. Necesitamos crear políticas que devuelvan opciones, que abran caminos, que ofrezcan cuidados. No podemos seguir decidiendo desde el escritorio, sin escuchar a las comunidades, sin reconocer los efectos que esto tiene también en los vecinos, comerciantes, turistas y trabajadores del Centro Histórico, quienes viven diariamente la tensión entre inseguridad y abandono institucional.

Reformar el Coremun sin una política pública de fondo no es un avance: es una omisión. Es entregar las calles a la desprotección bajo el disfraz de los derechos. La verdadera justicia no se decreta, se construye con políticas sólidas, participativas, éticas y transformadoras. Y eso es lo que propone Calle Viva: una ciudad viva, segura, justa y humana para todas y todos.