Agentes de la Agencia Estatal de Investigación fueron recibidos a golpes, con piedras y palos, por una turba de familiares y conocidos de Ignacio N., y su madre, Rosalba N., quienes son investigados por violencia familiar y lesiones contra Priscila, su madre y su hermana.
La agresión escaló al punto de dañar una unidad oficial e intentar despojar de sus armas a los agentes, lo que exhibe una sensación de impunidad alrededor de esta familia en el municipio de Xicotepec.
Priscila había denunciado que su expareja, padre de sus hijos, es un hombre violento que llegó al extremo de golpearla a ella, a su madre y a su hermana cuando intentó escapar de sus amenazas recurrentes.
A sus 31 años, teme por su vida y la de sus dos hijos pequeños, debido a que Ignacio N. presuntamente goza de cierto manto protector por parte de la directora jurídica de aquel Ayuntamiento.
A pesar de los vaivenes del caso y de los obstáculos judiciales que han dificultado que las víctimas puedan ponerse a salvo, Priscila pensó que la pesadilla terminaría con la detención de su expareja y de su madre.
Pero sucedió todo lo contrario.
Los presuntos imputados se mostraron agresivos la noche del lunes, cuando los agentes ministeriales intentaron colocarles los candados de seguridad.
Fue entonces cuando la madre de Ignacio ordenó colocar una camioneta a media calle para bloquear el paso al personal de la Fiscalía.
A pesar de las peticiones para que retiraran la unidad, arribaron entre 30 y 40 personas que comenzaron a agredir física y verbalmente a los agentes, quienes recibieron golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo.
Por si fuera poco, también fueron despojados de sus pertenencias.
Uno de los agentes heridos logró pedir apoyo externo. Sin embargo, cuando arribaron policías municipales y elementos de la Marina, se limitaron a ser espectadores de lo que ocurría.
Más aún: el agente Víctor Hugo N., fue detenido y llevado a los separos, inexplicablemente.
Aunque los imputados se retiraron con los candados colocados en las muñecas, no hubo manera de concretar su detención.
Los agentes ministeriales lograron que la Policía Municipal pusiera en libertad a su compañero.
Posteriormente, acudieron a la Casa “Carmen Serdán” para presentar la denuncia correspondiente y recibir valoración médica.
Frente a este penoso acontecimiento, Priscila y sus hijos quedan expuestos a posibles represalias o a que el sujeto decida emprender la huida.
Por ello, la Fiscalía y las autoridades municipales deben garantizar su seguridad e investigar a fondo la agresión contra los agentes.
No puede permitirse que el poder político, las relaciones sociales o cualquier otro tipo de influencias permitan que un potencial feminicida permanezca en libertad.