Tragedia Romana

Columnas miércoles 06 de noviembre de 2024 - 23:09

La noche más obscura de la República transcurrió ante nuestra mirada atónita, arrojando saldos irreparables para lo que queda del Estado Constitucional en México.

La crónica, como en cualquier historia de granujas, es simple y grotesca. Como lo adelanté en mi columna titulada “Jaque mate a la Corte”, publicada el 27 de agosto, el pleno admitió las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas por la partidocracia opositora:

«Aunque la oposición carezca del 33 por ciento en ambas cámaras del Poder Legislativo, dado que el Tribunal Electoral validará la mega mayoría oficialista; no olvidemos que el artículo 105 constitucional –inciso f)– faculta a las dirigencias partidistas para presentar, 30 días naturales después de su publicación del Diario Oficial de la Federación, acciones de inconstitucionalidad en materia electoral –ojo, no dice partidista– ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y dado que la elección de jueces y magistrados, máxime si los comicios los organiza el Instituto Nacional Electoral –una instancia en cuyo Consejo General tiene representación partidista con voz, pero sin voto–, resultarían un asunto eminentemente electoral y la Sala Superior no dudará en admitir el recurso».

Pero algo salió del control de nuestra proyección, algo que no viene en los libros de los juristas más destacados del constitucionalismo: un ministro, Alberto Pérez Dayán, defenestró la Constitución en la máxima instancia de la Nación, asegurando que la reforma judicial no puede ser catalogada como una “ley electoral federal”, y por lo tanto no puede ser invalidada por la Corte:

«Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una sensatez que evade irresponsable al texto supremo, con otra insensatez equivalente a forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad».

Y, con esta entelequia, digna de una tragedia romana, se fue al diablo la República. ¿Un ministro de la Corte hablando a título “personal” en un litigio constitucional, negando su carrera judicial y votando en contra de sus pronunciamientos anteriores? La claudicación es previsible si proviene de un cacique tropical como cualquiera de los Yunes, pero es difícil asimilarla cuando su origen es un ministro de la Suprema Corte que terminó emparentado con una plagiaria como Yasmín Esquivel, con una ideóloga del morenismo como Loretta Ortiz Ahlf, o con alguien que ha usado la Sala Superior como clase de regularización en virtud de su accidentada preparación académica como Lenia Batres. Esa parentela no sólo me resulta incomprensible, sino de una vulgaridad histórica sin precedentes.

¿Qué te saben Pérez Dayán como para que, con esa grandilocuente genuflexión, hayas mandado al basurero la carrera y los derechos adquiridos de los jueces y magistrados de la Nación? Quizá, ahora que lo pienso, coincido con el morenismo: esta Corte merece desaparecer, pudieron haber hecho mucho más en defensa de la Constitución y la República; la tragedia está en que México no merece la Corte y el Poder Judicial que se vienen.