Sheinbaum, aranceles y la doble moral de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico

La reciente respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos y a las acusaciones de presuntos vínculos entre el gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico pone en evidencia un problema que Washington se niega a enfrentar: el papel de su propia economía y su política interna en la crisis de violencia y drogas que afecta a ambos países.

Sheinbaum ha rechazado tajantemente cualquier nexo entre su gobierno y los cárteles, pero ha señalado una realidad que los líderes estadounidenses prefieren ignorar: la conexión directa entre la industria armamentística de EE.UU. y la maquinaria de guerra de los grupos criminales en México. Según el último informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), el 74 por ciento de la maquinaria pesada utilizada por los cárteles proviene de Estados Unidos a través del tráfico ilegal de armas. Este fenómeno no es nuevo; estudios previos han mostrado que entre el 70 y el 80 por ciento de las armas incautadas a grupos del crimen organizado en México fueron adquiridas en EE.UU.

El negocio de las armas en la frontera es gigantesco. En los estados de Texas, Arizona, California y Nuevo México existen alrededor de 9 mil vendedores de armas, muchos de los cuales operan con escaso control gubernamental. Los traficantes aprovechan lagunas en las leyes de compra-venta de armamento, incluidas las ferias de armas y la venta privada sin verificación de antecedentes, para abastecer a los cárteles.

Mientras tanto, Washington impone sanciones a México por el narcotráfico, pero hace poco o nada para frenar la venta masiva de armas que terminan en manos de grupos criminales.

Además, Sheinbaum ha cuestionado la inacción de EE.UU. frente a otro problema clave: la demanda de drogas y el lavado de dinero. La crisis de los opiáceos, que ha causado más de 100 mil muertes anuales en los últimos años, no fue provocada por los cárteles mexicanos, sino por grandes farmacéuticas estadounidenses que promovieron agresivamente el uso de opioides como el OxyContin. Empresas como Purdue Pharma fueron demandadas por su papel en la crisis, pero la epidemia persiste, y el gobierno estadounidense no ha logrado frenar el consumo ni la distribución ilegal de fentanilo dentro de su territorio.

El lavado de dinero es otro eslabón crítico. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE.UU., cada año se blanquean entre 30 mil y 40 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, la mayoría a través del sistema financiero estadounidense. Sin estos flujos de capital, los cárteles no podrían operar con la eficiencia que tienen hoy. Sin embargo, en lugar de endurecer los controles bancarios y fiscales, EE.UU. prefiere culpar a México de un problema que es, en gran parte, resultado de su propia política económica y de seguridad.

A pesar de las tensiones, el gobierno de Sheinbaum ha logrado evitar una escalada mayor al alcanzar un acuerdo con Washington que incluye compromisos concretos en materia de seguridad y comercio. En primer lugar, México reforzará de inmediato su frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., en particular el fentanilo. Esta es una medida significativa que responde a las constantes exigencias de Washington sobre la contención del flujo de drogas.

Por su parte, EE.UU. se ha comprometido, al menos en papel, a reforzar sus esfuerzos para evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México. Si esta promesa se traduce en acciones concretas, podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra los cárteles, que dependen en gran medida del armamento adquirido en el país vecino.

Otro punto relevante del acuerdo es la creación de dos grupos de trabajo conjuntos que iniciarán labores de inmediato en dos áreas fundamentales: seguridad y comercio. Esto permitirá abordar la crisis de manera integral y no solo desde una perspectiva punitiva.

Finalmente, se ha logrado una victoria inmediata para la economía mexicana: los aranceles impuestos por EE.UU. quedan en pausa durante un mes, lo que da margen de maniobra para negociar soluciones más duraderas. Sin embargo, esta tregua comercial es temporal y dependerá de los avances que se logren en las próximas semanas.

Si bien el acuerdo representa un avance en la relación bilateral, es fundamental que México mantenga una postura firme en la defensa de su soberanía. La cooperación en seguridad y comercio debe darse en condiciones de respeto mutuo y sin presiones unilaterales. México no puede ser el único país obligado a tomar acciones contundentes mientras EE.UU. sigue sin enfrentar la raíz de sus propios problemas: la demanda interna de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Si Washington realmente quiere combatir el narcotráfico y la violencia de los cárteles, debe empezar por revisar sus propias políticas. Controlar el tráfico de armas, reducir la demanda de drogas y frenar el lavado de dinero serían pasos mucho más efectivos que imponer aranceles o lanzar acusaciones sin fundamento.

Hasta que eso no ocurra, cualquier acción unilateral de EE.UU. será vista como lo que es: una estrategia política para desviar la atención de sus propios fracasos.