La importancia, principios y formalidad de la función jurisdiccional

La palabra jurisdicción proviene del latín jurisdiction, que significa decir o declarar el derecho. La jurisdicción es la potestad del Estado de poder aplicar el derecho, por medio de tribunales, jueces y juezas.

El Estado ejerce función jurisdiccional, no sólo mediante los tribunales del Poder Judicial, sino también a través de otras autoridades en diversas materias de naturaleza administrativa y que al igual que los tribunales del Poder Judicial están dotados de jurisdicción, es decir, que están plenamente facultados para decir y aplicar el derecho. A manera de ejemplo, se puede citar la Procuraduría Federal de Consumidor, que es una autoridad administrativa facultada para resolver conflictos.

Incluso, en algunas ocasiones el Poder Legislativo ejerce jurisdicción; por ejemplo, cuando el Senado de la República se erige en jurado para conocer de un juicio político por faltas u omisiones que cometan determinados servidores públicos.

Son varios los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional, pero entre los más importantes se pueden mencionar a cuatro de ellos: independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo; incluso, estos principios, conforme al artículo 100, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rigen la carrera judicial.

La independencia judicial consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél; el de imparcialidad se refiere a la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad; el de objetividad consiste en que se emitirán los fallos conforme a derecho, y no por la forma de pensar o de sentir del juzgador; en tanto que el de profesionalismo implica ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional.

El ejercicio de la función jurisdiccional es de suma importancia, ya que cuando los juzgadoras y juzgadores aplican el derecho y dirimen las controversias que se someten a su potestad con sentido jurídico y humano, contribuyen a la realización de la justicia y de la paz social.

La labor de los impartidores de justicia se torna en muchas ocasiones compleja, ya que tienen que enfrentarse a innumerables obstáculos propios de su función, como presiones políticas de otros poderes, la falta de respeto a la ley, la perdida de valores en la sociedad, etcétera.

Es por ello, que se requieren juzgadoras y juzgadores más comprometidos con la labor jurisdiccional, que cumplan a cabalidad con los perfiles de profesionalismo y excelencia que requiere el ejercicio de la función judicial; sobre todo que su investidura implica seriedad y responsabilidad en la toma de decisiones, a lo que se suma que deben abstenerse de realizar cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado.