El TEPJF y la mayoría calificada

Los resultados de las elecciones del 2 de junio son contundentes, concedieron a Morena y a sus aliados un enorme bono democrático y legitimidad a sus acciones gubernamentales y ningún otro actor puede escatimar los hechos.

Significa que, en septiembre, cuando asuma la nueva Legislatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá impulsar las reformas propuestas antes del proceso electoral, entre ellas la del Poder Judicial.

Si no fuera así, en cuanto Claudia Sheinbaum rinda protesta como presidenta, se encontrará en posición de concretar el ‘Plan C’, legado de su jefe político.

Los críticos de la 4T y la oposición concentran su esperanza en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto revise las impugnaciones por la sobrerrepresentación política de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’.

Dos visiones imperan en el debate público: la primera, que no existe tal sobrerrepresentación porque la Constitución habla de evitar que “un partido político” se haga de una mayoría artificial, así que no se trata de una prohibición para las coaliciones.

La segunda, por supuesto, va en sentido contrario. Las coaliciones también deben someterse al precepto constitucional y no generar una mayoría calificada sobre la mesa.

Sin embargo, más allá de cuál pueda ser el resultado en el Tribunal, no hay que perder de vista la abrumadora victoria de Morena, PT y PVEM.

Hay dos condiciones que podrían dar a la 4T los votos necesarios para las reformas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y consiste en el convencimiento de sumar voluntades de partidos como Movimiento Ciudadano y el propio PRI.

El partido naranja por ahora se encuentra distante del morenismo por la insistencia, por el momento hasta desproporcionada, de una revisión a fondo de la elección en Jalisco. Bajo esa condición, Dante Delgado no va a inclinar la balanza política, porque siempre buscará ganar algo, y por ahora le quiere arrebatar su mayor logro en las urnas.

Sin embargo, MC aparece en el escenario como una alternativa para los fines políticos de Morena y aliados.

No obstante, el PRI puede dar una sorpresa mayúscula, más si recordamos qué tipo de personaje sigue a cargo: Alejandro Moreno “Alito”.

En el pasado ya hizo una alianza con el partido en el gobierno para salvarse y no quepa duda de que volvería a recurrir a la estrategia del PRIMOR, con tal de conservar un coto de poder, a pesar de las voces que exigen su renuncia.

La victoria que consiguió Morena en las elecciones le concedió un amplio margen de maniobra para la negociación política. Claro que su ideal es que el Tribunal ratifique la conformación del Congreso y no requiera de nadie más, pero en caso contrario, son muy pocos los votos que necesitaría para cumplir con sus objetivos.

De ahí que MC y el PRI son piezas clave, incluso para estos últimos con la debacle que tuvieron en los resultados electorales.

La lucha por la aplicación de la justicia electoral dará muy pronto mucho de qué hablar, ya que se avecina un debate entre quienes desean la aplicación literal de la ley y quienes promueven su interpretación.

Los primeros aseguran que, a la letra, la normatividad vigente establece que los “partidos políticos” no pueden incurrir en una sobrerrepresentación legislativa, y apuestan a que los magistrados lean de esa forma la Constitución.

El resto anhela una interpretación, con el argumento de que no necesita hablar de coaliciones, sino que el espíritu de la norma persigue que no se den más espacios de los que una fuerza política obtuvo en las urnas.

En agosto a más tardar conoceremos qué visión se impone y, por tanto, si van o no las reformas, aunque como se argumentó aquí, aún hay escenarios posibles para el oficialismo.