Castigo selectivo en Morena
Columnas
El CEN de Morena sepultó, al menos por ahora, las aspiraciones políticas de Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, cuyos nombres están en su lista de impresentables.
Y eso puede estar entre los hechos que más duelen a un político. Ellas y ellos podrán soportar el escándalo o incluso una amonestación, pero quedarse fuera de una contienda electoral es el golpe más difícil de asimilar.
El partido reaccionó con contundencia al considerar que los insultos de ambas diputadas locales hacia los adultos mayores pusieron en riesgo al sector más importante de su base electoral.
Por cierto, parece que Nayeli desafió nuevamente las reglas al publicar un nuevo video en sus redes sociales hablando de la polémica y de la resolución del partido, a pesar de tenerlo prohibido. (Nada extraño para quien ha basado su carrera pública en insultos y provocaciones).
Sin embargo, ¿y si las burlas hubieran estado dirigidas contra un sector ajeno al partido?
Porque mientras las redes sociales continúan dándole juego al episodio del podcast ‘Descasadas’ y las reacciones hacia ambas diputadas siguen siendo, en buena medida, negativas y agresivas, el caso sentó un precedente.
La libertad de expresión protege el derecho a opinar, pero no elimina la responsabilidad que implica hacerlo desde un cargo de representación popular, y era inevitable que Nayeli y Graciela obtendrían una sanción sin anestesia.
Ahora bien, sería deseable que Morena aplique esa misma contundencia en asuntos mucho más delicados con repercusiones en la vida pública del país.
Ejemplos sobran:
La complicidad de Rubén Rocha Moya con el cártel de “Los Chapitos”.
El encubrimiento de Adán Augusto a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”.
El desfalco de 15 mil millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación a Selgamex.
La megafarmacia del Bienestar fue inaugurada en 2023 y hoy se encuentra vacía, según el último reportaje del periódico El Universal.
La colusión en la Dirección de Aduanas que dio paso al “Huachicol Fiscal” y el silencio cómplice del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.
La fortuna inexplicable de Manuel Barttlet y Alejandro Gertz Manero.
Los viajes en primera clase de los gobernadores Layda Sansores y Javier May, así como la negociación secreta de Marina del Pilar con intermediarios del FBI.
La residencia del senador Gerardo Fernández Noroña, el mismo que hace años se negaba a pagar el IVA de un jugo en una tienda comercial.
Los contratos millonarios que entregó Pemex a Felipa Obrador y los sobres amarillos que recibieron los hermanos de AMLO, Pío y Martín, supuestamente para la campaña electoral de 2015.
La costosa vida de los 4 hijos del expresidente y particularmente de Andy López Beltrán, quien ya anda haciendo precampaña en Tabasco.
En fin, abrir las puertas a perfiles que no cuentan con la madurez, preparación o sensibilidad necesarias para representar a los ciudadanos también implica asumir responsabilidades partidistas, sobre todo cuando los llamados presidenciales han sido ignorados, una y otra vez.
Porque si una expresión desafortunada puede provocar una suspensión partidista, también debería existir una respuesta firme ante actos de corrupción, abusos de poder o posibles complicidades criminales.
La vara debería ser la misma.
Los partidos pueden cerrar puertas, suspender derechos y cortar carreras políticas.
Pero al final, quizá lo piensen dos veces cuando descubran que el verdadero castigo político empieza en las redes sociales y culmina en las urnas.
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/CR
