Ayotzinapa
Columnas
La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pone en evidencia la maquinación de más alto poder para ocultar la realidad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República imputó al priista por su presunta participación en la destrucción de material audiovisual clave en la investigación; él habría dado la orden para ocultar la información.
Sin duda es una prueba de la supuesta colusión entre instituciones y funcionarios para evadir a la justicia. Sin embargo, no es posible calificar esta aprehensión como un hecho histórico, al menos no por ahora y no va a conducir a mandos militares igualmente involucrados.
No hay que olvidar los reportes exhaustivos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en donde hablan del papel del Ejército en la desaparición de los estudiantes y que orilló al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a descalificar esas investigaciones.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante una oportunidad realmente inigualable que la colocaría en la historia, siempre y cuando vaya a profundidad, que toque a quien deba sin importar su formación o mando castrense.
Desde la ‘verdad histórica’ de Murillo Karam —en el sexenio de Enrique Peña Nieto— a la protección de la Secretaría de la Defensa, en el obradorismo, no se ha permitido avanzar con claridad en la indagatoria por las simpatías institucionales de la Cuarta Transformación con la milicia mexicana.
La aprehensión de Aguirre en teoría tendría que llevar no sólo a funcionarios civiles de los gobiernos federal, estatal y municipal participantes en la desaparición de los 43, pero igualmente tendría que ser lo que conecte con mandos militares y, una vez que se haga el reconocimiento de parte de la Fiscalía, entonces comenzará a construirse una parte de la justicia.
La otra parte de esa anhelada justicia es que los padres y las madres de Ayotzinapa sepan de forma clara, contundente, sin ambigüedades, en dónde quedaron sus hijos.
Si la 4T quiere pasar realmente a la historia, si la propia presidenta Sheinbaum quiere llevarse el crédito, invariablemente necesitan dar con los responsables, encarcelarlos y enjuiciarlos.
No hacerlo así vulnera los derechos de las víctimas y de sus familias por favorecer la impunidad en lugar de la justicia y ubicaría a Morena al nivel del PRI de Peña Nieto.
CAJA NEGRA
Las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, se han esmerado en otorgar entrevistas a espacios periodísticos a nivel nacional como ocurrió en el programa de Paola Rojas en Imagen Televisión, lo malo es que en poco ayuda a su beneficio.
La contención y reacción ante la crisis tardó días y ahora que quieren reaccionar, la acción discursiva ya no les pertenece, así que la viralización y la funa no la van a poder sortear de buena forma.
El problema es que prácticamente ya nadie les cree después de la muestra de discriminación y burla que se observó en redes sociales. Ni modo, al parecer se diluye el 2027 para ellas.
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/CR
