A la pregunta de si las conferencias “Mañaneras del Pueblo” serán sometidas a los mismos Lineamientos para Proteger los Derechos de las Audiencias, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió puede resumirse en una sencilla frase: ¡Que no la vean!
En su descargo, hay que precisar que, en el cuestionamiento hecho, el reportero especificó que se trataba de la postura de la oposición. No obstante, la declaración de la mandataria pinta de cuerpo entero que se camina no a una regulación sana, democrática, apegada a la ley, sino a una que pretende controlar el discurso mediático y periodístico.
¿Por qué los medios de comunicación electrónicos —dígase radio y televisión— sí deben sujetarse a la propuesta en caso de que sea autorizada y, por el contrario, el escaparate de comunicación política más importante del país puede evadirse?
No hay que pasar por alto que las conferencias presidenciales se transmiten en fragmentos o completas a través de espacios del sistema mexicano de radiodifusión y en sus redes sociales, por lo que legalmente también sería sujeto obligado.
La pregunta planteada en la entrega anterior, respecto de quién definirá qué es verdad y qué es mentira, qué está contextualizado y qué no, lo mismo aplicaría en ese sentido y la respuesta es que el propio gobierno a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, instancia controlada por el gobierno de la Cuarta Transformación, actuaría como juez y parte.
La respuesta más fácil de la presidenta fue: “¡Que no la vean!”, pero no puede simplemente pedir que la gente voltee a otra parte si no quiere escuchar medias verdades o mentiras que salen de esa conferencia, pero sí quiere sancionar y acallar contenidos que se elaboran desde los medios de comunicación.
Pese a eso, la libertad de expresión garantiza su derecho de emitir pronunciamientos políticos en ese espacio, como permite a los medios difundir reportes, investigaciones y noticias.
Una vez más, quesea la sociedad quien escuche, reflexione, tome su decisión, y siga a quien considere creíble.
Sin abundar, basta recordar que esas conferencias mañaneras, desde el sexenio pasado, se convirtieron en foros de medias verdades y mentiras. En algún momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se había acabado el huachicol.
Ahora bien, esta discusión es para advertir que no se busca regular las buenas prácticas, porque en ese caso habría disposición de que todo lo que toque el espacio radioeléctrico mexicano debe sujetarse por ley. Quieren que los medios de comunicación no generen contenidos que pueden ser adversos a la narrativa oficial.
En Palacio Nacional deben entender que los medios están obligados a la autorregulación, a contar con un defensor de audiencias y a que se garantice el derecho de réplica de actores sociales, económicos, políticos, en cuanto son parte de contenidos.
El gobierno no debe erigirse como juez, a través de la Comisión Reguladora, porque muchos de esos contenidos susceptibles de revisión son informaciones periodísticas que exhiben actividades de la autoridad.
Es importante mantener la discusión abierta en el tema porque la ley no puede restringir ni minimizar derechos como el de la libertad de expresión, a recibir información veraz, confiable, oportuna, y por supuesto, tampoco vulnerar el derecho al ejercicio de prensa.