Derecho de las audiencias

La presentación en Palacio Nacional por parte de la consejera jurídica del gobierno federal, Luisa María Alcalde, llama la atención por la propuesta de nuevos Lineamientos Generales para la Protección de las Audiencias.

Lo que más inquieta es que se incluyen medidas para sancionar a medios de comunicación cuando la defensoría de audiencias emita una recomendación y esta no sea atendida por el concesionario, éste sería acreedor de un castigo por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

En principio el país, su sociedad y los medios de comunicación deben construir esquemas de autorregulación, es decir, crear sus propias defensorías para atender a su público -considerando que la ley incluye exclusivamente a concesiones de radio y televisión–.

En segundo lugar, deben fortalecer la acción social. Significa que organizaciones de la sociedad civil vigilen el comportamiento de los medios, sus contenidos y su relación con la audiencia. Estas mismas instancias tendría la tarea de procurar un análisis de lo que se difunde en radiodifusoras y televisoras e intervenir en aras de una mejor calidad de la información y entretenimiento.

De hecho, existen estas organizaciones como la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Red en Defensa de los Derechos Digitales, además de que las universidades públicas y privadas podrían desempeñar un papel preponderante.

Con la propuesta presentada ayer en Palacio Nacional ante la presidenta Claudia Sheinbaum, existe el riesgo de una vulneración a la libertad de expresión porque sería la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la que sancione cuando no se atienda a la audiencia, pero en un país polarizado, en donde hay múltiples puntos de vista y en distintos casos no concuerdan con las líneas editoriales de los medios, queda abierta una línea muy delgada para castigar la diversidad política por afectar intereses de poder.

Aunado a lo anterior, la sugerencia de Sheinbaum de incluir a medios impresos y digitales es un aviso para no perder de vista, por el contrario, emprender el debate público sobre la importancia de la libre expresión y ejercicio de la prensa.

El tema de fondo sigue siendo, quién va a decidir qué un contenido es veraz? No hay que olvidar que cientos de veces medios digitales, impresos y electrónicos publicaron reportajes o contenidos de investigación para exhibir malas prácticas gubernamentales y, en muchos casos, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum minimizaron, descalificaron o tildaron de mentiras.

El gobierno federal abrió un proceso de consulta pública de 20 días a partir del 27 de julio y hasta el 21 de agosto a fin de que escuchen voces de concesionarios, tanto de televisión como de radio, públicos y comerciales, que deberán poner sobre la mesa sus posturas.

Es sumamente importante que, en caso de que prospere, se defina quién y cómo determinaría en qué casos un medio no cumplió con su audiencia y en qué tipo de contenidos, reitero, cuando la pluralidad, la diversidad y la polarización es la práctica de todos los días.