En este momento todos los políticos tienen “un hueso” en la cabeza. Y es que ha sido verdaderamente obsceno cómo en esta fase, previa al proceso electoral 2026-2027, se ha violentado tan descaradamente la normatividad: bardas intentando posicionar el nombre de funcionarios que, más allá de sus granjas de bots o de su círculo de lambiscones, son perfectamente desconocidos para el grueso de la ciudadanía; eventos de abierto proselitismo, con aparente “causa social” pero ocurridos en días hábiles y en pleno horario laboral; por no hablar de la promoción personalizada de servidores públicos, evidentemente con recursos del erario, en clara transgresión a lo dispuesto por el artículo 134 constitucional. Todo esto ante la mirada de un árbitro que francamente finge demencia.
En definitiva, la siguiente pregunta tendría que inquietar a más de uno en el movimiento: si los políticos de la 4T son tan queridos y reconocidos por “el pueblo bueno y sabio”, ¿por qué necesitan tanto tiempo para conseguir el favor de los sufragios? La respuesta es clara desde la primera quincena de marzo, en mi columna “Gigante con pies de barrio”, compartía con usted lo que sigue:
«¿Qué está en juego detrás de todo esto? La mayoría constitucional del oficialismo. Es un canon en teoría política –Linz, entre otros politólogos– que “las elecciones intermedias actúan como un plebiscito negativo a la gestión del Poder Ejecutivo”, y este 2027 no será la excepción, como tampoco lo fue para López Obrador durante los comicios del 2021. Lo que quiere decir que la coalición oficialista pasará del dominio de la mayoría constitucional a la mayoría absoluta –50 por ciento más uno– y, bajo ese escenario, Morena y la presidenta quedarán todavía más debilitados frente al próximo berrinche de los “aliados”. ¿La 4T llegó al clímax de su poderío político? Todo parece indicarlo».
El problema para Morena está en que el descontento trasciende los niveles de gobierno. El primer domingo de junio de 2027 no sólo se renovará la Cámara de Diputados, también 17 gubernaturas, y las alarmas ya están encendidas en Palacio Nacional. A juzgar por estudios demoscópicos serios:
En Baja California Sur, gobernada por Víctor Manuel Castro, perredista desde 1989 y adscrito a Morena en 2014, el triunfo del oficialismo pende de la alianza con el PT y el PVEM, pues la intención del voto del Partido Acción Nacional está a un margen de error de distancia, 3.5 puntos de acuerdo con números de Logi-Call, publicados el pasado 16 de julio.
En Campeche el desastre convertido en gobierno, a cargo de la octogenaria Layda Sansores, extraño y rojizo personaje que militó en el PRI hasta 1996, ha llevado a Morena a la posibilidad de perder el control político del estado, pues sólo hay 3.1 por ciento de distancia entre el lopezobradorismo y Movimiento Ciudadano, según cálculos de Arias Consultores, difundidos el pasado 20 de julio.
En Michoacán es muy probable que el morenista Alfredo Ramírez Bedolla entregue la gubernatura a Grecia Quiroz, dado que la presidenta municipal de Uruapan aventaja al oficialismo con 3.4 puntos, según datos de Arias Consultores, publicados el pasado 8 de junio.
Podría seguirle, pero ya se me acabó el espacio de la columna. Por ahora lo único cierto es que en los desplegados de gobernadores que publique Palacio Nacional, después de las elecciones del 2027, defendiendo a narcopolíticos bajo el membrete de la gastada soberanía, tendrán que imprimir las letras más grandes pues, de lo contrario, habrá mucho espacio en blanco en el comunicado.
