«La Universidad se tiene que poner de lado de aquellos que estudiaron, que se prepararon, que buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior. Esto no sólo afecta a la Universidad, afecta al conjunto de la sociedad»Leonardo Lomelí, rector de la UNAM
La máxima casa de estudios está en un callejón sin salida: a juzgar por las cifras de desempeño de sus aspirantes, en el marco del Proceso de Admisión 2026, una parte importante hizo trampa en su prueba de ingreso gracias a los buenos oficios de ChatGPT, o incluso con la ayuda de gestores que proporcionaron asesoría en tiempo real, o que simplemente filtraron las respuestas del examen por la módica cuota de entre 2 mil y 4 mil pesos; mientras que, por otra parte, la UNAM no puede demostrar quiénes hicieron trampa y, por tanto, distinguir entre aquellos estudiantes que resolvieron con honestidad frente a los que necesitaron de Inteligencia Artificial para ganarse su lugar en una de las mejores universidades de América Latina.
A juzgar por sus declaraciones, aquello que no quiere aceptar el rector de la UNAM es que estamos ante una ilicitud de realización oculta, y que en este caso aplica el principio de presunción de inocencia para todos y cada uno de los aspirantes. La opción idónea para la Universidad era “hacerse de la vista gorda”, darle el beneficio de la duda al estudiantado y fingir que nos encontramos frente a “la generación mejor preparada de la historia”. No obstante, muchos jóvenes arruinaron “la salida fácil” porque se ufanaron en redes sociales del éxito de su fechoría, dejando en ridículo a la institución a la que pretendieron ingresar.
La única opción digna que le queda a la UNAM es la cancelación del “simple trámite” -mote con el que algunos estudiantes se refirieron a su examen de admisión-, lo que implicaría una importante contracción presupuestal con un costo político aún mayor; no obstante, la institución salvaría a cambio su propia dignidad: mandando un mensaje ético para los tramposos a costa de la terrible injusticia que recaería sobre los jóvenes íntegros. Sólo con esta opción el prestigio de la Universidad quedaría asegurado.
Desde luego que no tardarían en interponerse un alud de amparos, pero seamos sinceros: ¿qué “igualdad de armas” podría existir entre la familia de un aspirante agraviado y una institución con todos los recursos técnicos y humanos como la UNAM? No olvidemos que para algo se hizo la autonomía universitaria y, ante la lentitud y las múltiples fases de los procesos judiciales, aunado a la precarización de la mayoría de los aspirantes que difícilmente podrán costear una defensa legal medianamente digna, la Universidad saldría ganando a la postre.
¿Veremos en los próximos días el surgimiento de ese escenario? ¿Por qué otra razón la UNAM suspendió el proceso de inscripción y formó una comisión técnica para la ocasión? ¿Para decirles a sus jóvenes aspirantes: “bueno, ya sabemos que hicieron trampa, pero que ésta sea la última vez”? Sería la autoflagelación más vergonzosa en la historia de la noble institución.
P.D. Si una mayoría tuvo que recurrir a ChatGPT es porque de antemano no conocía las respuestas correctas. ¿Cuál es la responsabilidad de la 4T que ha preferido regalar dinero a los jóvenes en vez de mejorar la calidad y el contenido de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Pareciera que la historia ha dado un vuelco interesante: el embustero exitoso se ha convertido en el resultado o, más bien dicho, en el principal damnificado de un sistema educativo fallido.