La condena antes del juicio
Columnas
La decisión del maestro Alberto Israel Jasso de quitarse la vida tras ser señalado por una alumna de presunto abuso sexual encendió un poderoso debate mediático.
El video que compartió en redes sociales fue escalofriante, al asegurar que la acusación era falsa, pero que su decisión era porque no pensaba enfrentar el proceso penal debido a las grietas del sistema judicial.
La estudiante refirió que fue tocada en seis ocasiones durante un mismo día, pero él sostuvo que eso nunca sucedió y defendió sus 25 años de carrera en el Instituto de Educación Media Superior.
Más allá de las circunstancias particulares del caso, que corresponde esclarecer a las autoridades, el desenlace obliga a preguntarnos si como sociedad estamos encontrando el equilibrio entre escuchar a quienes denuncian y respetar el derecho de toda persona a defenderse.
Durante décadas, miles de víctimas guardaron silencio por miedo, vergüenza o porque simplemente nadie les creyó. Esa deuda histórica explica por qué hoy existe una mayor sensibilidad para atender las denuncias.
Ninguna víctima tendría que enfrentar indiferencia o revictimización al acudir ante la justicia, aunque tampoco podemos aceptar que una denuncia, por sí sola, se convierta automáticamente en una sentencia social.
El propósito de la presunción de inocencia es evitar que la justicia sea sustituida por prejuicios, emociones o presiones mediáticas, pero las redes sociales han transformado este fenómeno.
En cuestión de minutos una acusación puede recorrer el país cuando la investigación apenas comienza y, mientras tanto, se pierden empleos, se destruyen familias y la reputación queda marcada incluso cuando, tiempo después, una resolución judicial demuestra la inocencia del acusado.
No se trata de una hipótesis.
Conozco de cerca el caso de un buen amigo que enfrentó una acusación falsa.
Fueron casi dos años de audiencias, pruebas y litigios hasta que un tribunal determinó que los hechos denunciados nunca ocurrieron. Recuperó su nombre en los expedientes, pero aún ha luchado por cambiar la percepción de muchas personas.
Nadie le devolvió su trabajo perdido ni los meses de angustia que vivieron él y su familia. La justicia llegó, pero el daño ya estaba hecho.
Por supuesto, también existen casos en los que las investigaciones confirman los hechos denunciados y permiten sancionar a quienes cometieron delitos.
Ni toda denuncia es falsa ni toda persona señalada es culpable desde el primer día. Ambas afirmaciones son igual de peligrosas porque parten del prejuicio y no de las pruebas.
Lo verdaderamente preocupante es que, en México, muchas veces hemos sustituido el principio de justicia por el tribunal de la opinión pública.
Nos apresuramos a condenar o absolver según nuestras simpatías, la presión mediática o la conversación del momento. Olvidamos que las investigaciones existen precisamente para esclarecer los hechos y proteger los derechos de todas las personas involucradas.
Defender el debido proceso es garantizar que la verdad se construya con evidencia que arroje la verdad, solo así habrá justicia para las víctimas y verdadera protección para los inocentes.
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/CR
