Morena rechaza acusaciones de censura y recuerda persecución a periodistas durante el morenovallismo
Puebla
Por Vera Fernández
La diputada federal de Morena, Vianey García Romero, cuestionó las críticas de la oposición en Puebla contra los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, al señalar que en los gobiernos panistas del morenovallismo sí existió una persecución sistemática y censura hacia los medios de comunicación.
En conferencia de prensa, la legisladora respondió directamente a las críticas emitidas por la secretaria general del PAN, Genoveva Huerta Villegas, recordando los antecedentes de represión política durante las administraciones del PAN en la entidad.
"Hay que recordarle cuántos presos y persecuciones políticas hubo con Rafael (Moreno Valle), cuántos periodistas se tuvieron que cambiar de profesión con el sexenio del PAN y el acuerdo de 2011 para impedir la difusión de noticias violentas en más de 17 medios de comunicación", recriminó.
García Romero defendió el proyecto normativo e insistió en que las nuevas disposiciones buscan brindar certeza informativa a la ciudadanía sin coartar la libertad de expresión.
Afirmó que la regulación busca que la población acceda a información verificada mediante la adopción de códigos de ética por parte de las empresas de comunicación.
Además, sostuvo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum garantiza el ejercicio periodístico cotidiano al someterse al escrutinio público en conferencias diarias, a diferencia de los bloqueos informativos del pasado.
¿Qué establecen los lineamientos?
Las nuevas disposiciones impulsadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) buscan fijar obligaciones concretas para televisoras y radiodifusoras comerciales, públicas, comunitarias e indígenas.
Las reglas exigen difundir información veraz, diferenciar claramente noticias de opiniones o publicidad, garantizar el derecho de réplica, incorporar accesibilidad para personas con discapacidad y proteger a la infancia.
Se establece la obligación de contar con un Código de Ética público y una Defensoría de las Audiencias independiente para atender quejas. En caso de incumplimiento, la CRT podrá intervenir con procedimientos administrativos y posibles sanciones.
Sectores de la industria y columnistas advierten riesgos de control editorial y censura a medios de comunicación, pero el Ejecutivo federal y la CRT aseguran que la normativa no limita la libertad de prensa, sino que transparenta el mandato constitucional vigente desde 2014.
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HG/CR
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