En 1963 Gabriel Almond y Sydney Verba, dos figuras icónicas para la Ciencia Política de nuestro tiempo, propusieron un concepto francamente innovador: cultura política. Es decir, “el patrón de orientaciones cognitivas, evaluativas y afectivas hacia el sistema político y sus diferentes partes, y hacia el rol del individuo en el sistema”.
Siguiendo ese mismo hilo conductor, en el año de 1975, Rafael Segovia aportó un ámbito de estudio bastante sugerente para la época: “la politización del niño mexicano”; la primera obra de cultura política aplicada que se realizó en México. Los hallazgos, a poco más de cincuenta años de su publicación, siguen siendo fascinantes: la familia, la escuela, la Iglesia y los medios de comunicación son agentes de politización de adultos y menores por igual.
Si los alcances de la investigación de Segovia los lleváramos a la actualidad: las redes sociales, junto con todos los anteriormente mencionados, serían agentes politizadores de alto impacto. Y es aquí donde cobra sentido la propuesta prohibicionista de Claudia Sheinbaum en materia de redes sociales para los menores de 18 años:
¿Existe una sincera preocupación por parte del oficialismo de proteger a las víctimas de ciberacoso, el 23 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años según datos del INEGI recabados en 2024 o, en su defecto, sólo se trata de blindar a los futuros votantes del acceso a la crítica social que inunda las redes y, que, para mala fortuna del oficialismo, está moldeando una cultura cívica adversa a los valores de la 4T en los más jóvenes de México?
Para muestra algunos datos elaborados por el INEGI en la última Encuesta Nacional de Formación Ciudadana en la Educación Básica que tristemente datan del 2017. Ante preguntas como ¿qué tanto crees que se respetan las leyes en México? El 41.2 por ciento aseguró que muy poco.
¿Estarías de acuerdo o en desacuerdo con que se permitiera salir en televisión a una persona que va a decir cosas que están en contra de tu forma de pensar? El 32.2 expresó su acuerdo. Mientras que el 30.1 por ciento opinó que los ciudadanos son muy poco influyentes en la política; así como el 65.5 por ciento aseguró no estar interesado en afiliarse a ningún partido político, una vez que obtenga la mayoría de edad.
Insisto, frente a lo revelador de la estadística, ¿Palacio Nacional en realidad quiere proteger a los más jóvenes y vulnerables de México, prohibiéndole las redes sociales? ¿O sólo pretende alejarlos del contagio de la crítica sobre el estado de la Nación que existe en ellas? Si las intenciones del oficialismo fueran loables: ¿por qué el Gobierno Federal no empieza por transparentar cuánto, de los 60 mil millones de pesos de presupuesto asignado para este 2026 a la secretaria que encabeza Omar García Harfuch, se destina a la policía cibernética y por qué mejor no se duplica esa cifra?
Son simples preguntas.