Un análisis sobre el rebase en el tope de gastos de campaña

El tope en el gasto de las campañas políticas ha sido un tema que, durante varias décadas, ha estado sobre la mesa, generando opiniones interesantes sobre la forma en que debe abordarse. Esto se debe a que es una manera de regular la contienda electoral y mantener el principio de equidad. Sin embargo, parece que, a pesar de establecer normas y límites sobre los montos, esta sigue siendo una regulación que necesita mejorarse para continuar con su objetivo primordial: equilibrar las condiciones de competencia en la contienda electoral.

En este sentido, este instrumento de fiscalización se ha convertido en un mecanismo que, en muchas ocasiones, juega tanto a favor como en contra de los partidos. A veces, los partidos demandantes solicitan una aplicación estricta de la ley para anular la elección, mientras que en otras ocasiones buscan la flexibilización de esta.

Es por ello que esta herramienta puede funcionar de manera dual cuando es utilizada por los partidos políticos, lo que provoca que la esencia de su creación se vea manipulada, ya que su intención es mantener la equidad en la contienda electoral. Además, es un sistema que permite obtener información sobre la procedencia de los recursos utilizados.

Por lo anterior, al normar la cantidad de recursos que los diversos partidos utilizan para sus candidaturas, se busca generar una competencia justa. Sin embargo, surgen las preguntas: ¿Cuál ha sido el impacto real de estos lineamientos? ¿Y realmente han funcionado?

De la experiencia y de las sentencias que han establecido criterios para sostener todo este entramado normativo sobre los topes de gastos de campaña, se puede observar que aún existen retos. Es especialmente importante determinar si esto realmente ha generado un cambio significativo para garantizar el principio de equidad en la contienda electoral y asegurar la certeza de los comicios que se realizan.

En esta tesitura, seguimos viendo propaganda dispersa por todas partes por parte de los candidatos, lo que genera un exceso de información que puede confundir al electorado y, en muchas ocasiones, provoca un juego sucio en la contienda. Aunque varios expertos en la materia lo denominan estrategias que involucran tanto la comunicación política como la fiscalización, lo cierto es que estas acciones generan desventajas y siguen estando fuera de las normativas que buscan garantizar una competencia equitativa.

Por esta razón, la reflexión sobre este mecanismo de fiscalización debe priorizarse con el objetivo de encontrar un sistema que permita al candidato difundir su imagen de manera responsable, respetando su libertad de expresión y, al mismo tiempo, cumpliendo con las reglas del juego establecidas. Incluso, optar por un modelo menos restrictivo, pero con mayor responsabilidad política podría generar un debate entre los grupos que buscan equilibrar estos objetivos dentro de los diferentes partidos políticos.

Por lo tanto, sancionar y limitar los gastos de campaña que un candidato utiliza durante esa etapa debe ser objeto de un análisis constante para verificar si este instrumento realmente está resguardando la equidad en la contienda electoral. En muchas ocasiones, hay otros aspectos que deben ser considerados al analizar su impacto en la elección, ya que la relación entre valor monetario y votos emitidos también resalta cualidades del propio candidato, que no necesariamente están contempladas en la ley. Por ello, es un trabajo que debe ser analizado minuciosamente.