Es cierto, el análisis del Informe de Claudia Sheinbaum no puede remitirse exclusivamente a dos áreas de responsabilidad: la seguridad pública y el combate a la corrupción, sin embargo, en la presente entrega se destacan estos dos rubros porque son de los más significativos de acuerdo con las circunstancias existentes en el país y las condiciones de la coyuntura en la relación con Estados Unidos.
Si contrastamos la acción, o mejor dicho, la inacción del mandato de Andrés Manuel López Obrador contra la operación del actual sexenio, es evidente que existe una estrategia más allá del discurso —que ya no alude a los abrazos en lugar de balazos—.
Al rendir cuentas desde Palacio Nacional resaltó la reducción del 51 por ciento en los homicidios dolosos en el promedio diario.
¿Por qué es importante? Porque hasta el 2024 se reportaba un aumento sostenido en el número de asesinatos en el país sin que la autoridad federal reaccionara. Las masacres eran consideradas banderas políticas para burlarse de los opositores y negar una realidad que golpeaba todos los días.
“La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del gobierno, miles de guardias nacionales, soldados, marinos, agentes de seguridad y servidores públicos trabajan en los cuatro ejes de la estrategia de seguridad que nos hemos planteado: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre las instituciones del gobierno federal, la Fiscalía y coordinación con las entidades federativas”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en su Informe.
Hoy, con Sheinbaum, si bien todavía hay niveles críticos de violencia, es necesario reconocer la decisión de confrontar a la delincuencia organizada.
El reconocimiento de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es un premio a la determinación del gobierno de no quedarse con los brazos cruzados.
La presidenta informó que hay 44 homicidios menos al día y julio de este año registró el promedio diario más bajo en los últimos 11 años lo que, por supuesto, no puede regatearse, por lo que implica para la paz nacional.
A eso hay que sumar 63 mil detenciones, de las cuales 207 eran objetivos prioritarios —entre generadores de violencia— y tampoco puede menospreciarse el dato.
Sin embargo, la debilidad de la presidenta es el combate a la corrupción.
En México impera la impunidad, ese fenómeno que ahora protege a los más allegados de los poderosos del país.
El caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya exhibe de cuerpo entero la falta de compromiso, disposición y estrategia para poner fin a una de las prácticas que prometieron desaparecería.
A la lista hay que agregar a perfiles cínicos como el del senador Enrique Inzunza, que fue defenestrado de la bancada de Morena en el Senado, pero no procesado, ni siquiera investigado por la Fiscalía General del Estado.
Otro caso emblemático, el de Andy López Beltrán quien navega en mares de tráfico de influencias, documentados en medios nacionales e internacionales, pero a quien no se toca ni por error.
Pese a estos casos, a los señalamientos de presunta corrupción, la presidenta optó por mirar a otro lado. Sin duda es su lado débil, un pendiente que parece crecer como una bola de nieve por las relaciones con el obradorismo.
Así los claroscuros tras el Informe que da paso al comienzo del tercer año de Sheinbaum.