Nos reservamos el derecho de admisión

El posicionamiento del Gobierno del Estado de Puebla ocurre en el marco de dos secuencias absolutamente compatibles: la declaración de Jorge Alcocer, secretario de Salud Federal, asegurando que “se presentan pequeños indicios de una cuarta ola de Covid-19” y la preparación de un decreto local que eventualmente daría sustento al condicionamiento, a través de un certificado de vacunación válido, al ingreso y disfrute de espacios comerciales.

Empecemos por lo dicho por el recientemente reivindicado Alcocer: ¿cuándo, en veintiún meses de pandemia, la Federación ha sido capaz de acertar una sola proyección estadística? El escenario catastrófico proyectado por el Dr. Muerte eran 60 mil decesos a causa del Covid-19; en la realidad de los hechos, tenemos 600 mil mexicanas y mexicanos muertos a causa del virus.

Para nadie es un secreto que Palacio Nacional ha sido incapaz de fechar anticipadamente cada uno de los tres acmés de la curva, quizá porque jamás han advertido que la incidencia nacional de contagios no sigue los parámetros de nuestro centralismo, sino combinaciones de aceleraciones múltiples que nunca han seguido un patrón único. En otras palabras, no son lo mismo las 489 infecciones registradas en Baja California frente a las 562 en Ciudad de México o las 108 de Puebla en las últimas 24 horas; la densidad demográfica, la movilidad, el dinamismo de los sectores productivos y la cobertura de vacunación son variables decisivas en cada caso en cuestión. ¿Dónde está entonces la preocupación del desdeñado Dr. Alcocer? Esta semana ¬–que aún no termina–se han registrado 17 mil 346 pruebas oficialmente reconocidas frente a las 18 mil de la semana pasada. “Los pequeños” indicios son en realidad un cambio de aceleración aún dentro del promedio del comportamiento estadístico de las últimas cuatro semanas.

Despejada la duda, hablemos del certificado de vacunación como condición de ingreso a los lugares públicos comerciales en Puebla; su constitucionalidad es robusta en precedentes: ¿Acaso los comercios no siempre han estado en posibilidades de reservarse el derecho de admisión?

¿Desde hace cuántas décadas se solicita en las oficinas de recursos humanos de las empresas una carta de antecedentes no penales, e incluso una prueba VIH negativa como condición para el concurso de una fuente de empleo? ¿No es motivo de cancelación y multa de un giro comercial con venta de bebidas alcohólicas el ingreso de un menor sin previa presentación de su credencial de elector? Enhorabuena por el CCE, Canacintra, Canirac, Turismo de la capital de la entidad y demás sectores productivos que han respaldado la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa: el certificado como condición de ingreso es lo más cercano en este momento a generar, ante el eventual incremento de contagios de Covid-19, espacios de consumo y producción de bajo riesgo.

¿Qué pasará con los anti-vacunas? Si se mantienen firmes en sus covidiotas convicciones, siempre tendrán las puertas del Parque Ecológico abiertas para el consuelo de su obstinación.