El aparato propagandístico del Estado tiene un mérito encomiable: las fuerzas armadas, históricamente desde la guerra cristera hasta los 43 normalistas de Ayotzinapa, han sido las principales responsables de las escenas de desaparición forzada en México y, paradójicamente, tienen muy buena prensa en los desfiles conmemorativos del 5 de mayo y 16 de septiembre.
No deja de ser inquietante como los regímenes políticos, de prácticamente cualquier parte del mundo, han convertido a sus cuerpos de excepción en verdaderos espectáculos envueltos en un conjunto de emociones políticas altamente positivas. Tan sólo habría que echar una mirada a los rostros detrás de las gradas, cuando desfila el ejército nacional, para comprobar que “el pueblo bueno y sabio” es incapaz de distinguir entre sus protectores y sus depredadores.
Y, sin embargo, para el caso vernáculo la lectura es muy particular: mucha gallardía, mucha disciplina, muchos cuerpos especiales de seguridad, y la gran tragedia consiste en que en México sigue habiendo muy poca seguridad.
Aunque, si bien es cierto, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad han registrado una disminución que pasó, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, de 86.9 a 45.4 homicidios diarios en promedio, lo que implica una reducción de aproximadamente 47.8 por ciento; la tranquilidad de los mexicanos no se limita a un tema de estadística como lo demuestra el lamentable asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos, así como la desaparición de Alejandro Hernández Tello en Puebla.
¿Por qué persiste el crimen organizado en México a pesar de las poderosas fuerzas de elite del ejército nacional que acabamos de ver desfilar? ¿Hasta dónde la colusión entre los sistemas ilegales y los uniformes verde olivo sigue depredando a los habitantes de este país? Quizá una respuesta a esa pregunta la dimos en junio pasado, en una columna titulada “El silencio de la Sedena”:
«¿Acaso es muy normal que un general en retiro del Ejército Nacional, por su propio pie, termine esposado y encadenado de pies, manos –y hasta cintura– para comparecer ante una corte de justicia de un gobierno extranjero? La respuesta se encuentra en lo profundo de una rama de complicidades que nos llevan a la recomendación de Mérida Sánchez por parte del alto mando militar para que asumiera la responsabilidad de la seguridad pública del estado de Sinaloa desde el 4 de septiembre de 2023 y hasta el 21 de diciembre de 2024»
«¿Vendrán más nombres de “pesos completos” de las fuerzas armadas, presuntamente vinculados con los cárteles de la droga que operan en este país? ¿La Defensa Nacional tiene juego en la partida de la asociación delictuosa en México? A juzgar por la tenacidad del presidente Donald Trump en este asunto, me parece que irremediablemente lo sabremos»
Y mientras esperamos esas respuestas, ya viene camino a Chihuahua un destacamento armado, de 139 efectivos del ejército norteamericano, aprobado el 15 de septiembre por la unanimidad del Senado de la República.
¡Qué viva la soberanía nacional!