Por Vera Fernández
El Congreso del Estado podría llamar a comparecer al presidente municipal de Tlaola, Simón Garrido Morgado, tras el desmantelamiento de una granja clandestina de criptomonedas en dicha demarcación.
A la par, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pável Gaspar Ramírez, se dijo respetuoso de las supuestas investigaciones que enfrentaría el diputado Miguel Márquez Ríos por su presunta relación en los hechos.
En entrevista este martes, el coordinador de la bancada de Morena aclaró que el Poder Legislativo no posee facultades de investigación, por lo que se mantendrán a la espera de las indagatorias que desahogue la Fiscalía General del Estado (FGE).
Apuntó que, en caso de que las autoridades ministeriales requieran formalmente la intervención del Congreso local o la comparecencia del edil emanado del PAN, se procederá conforme a derecho.
"Nosotros no somos la parte investigadora; vamos a esperar el proceso de fiscalías, de quien tenga el tema, y si nos hacen la solicitud al Congreso del Estado lo haremos. Si se solicita y es el caso lo vamos a hacer, pero mientras estamos en un proceso de esperar el resultado de las investigaciones", precisó.
Sobre el diputado del Partido Verde, Miguel Márquez Ríos, a quien también se le involucró en la operación de granjas clandestinas de criptomonedas en la Sierra Norte, Gaspar Ramírez sostuvo que no tiene conocimiento del tema.
Apuntó que las autoridades ministeriales tendrán que esclarecer los hechos, pero recordó que el mismo legislador, quien forma parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se deslindó oportunamente de las acusaciones.
Fue el pasado 5 de septiembre cuando fuerzas federales y estatales desmantelaron un inmueble habilitado con infraestructura tecnológica y eléctrica de gran escala para la minería de criptomonedas en Tlaola.
Durante el operativo, incautaron cerca de 300 tarjetas de procesamiento de gráficos (GPU) especializadas en la generación de activos digitales.
El vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública estatal, consideró imposible que el alcalde de Tlaola no estuviera enterado del funcionamiento.