Por Vera Fernández
La bancada de Morena en el Congreso del Estado impulsa la “Ley Alina” en Puebla, iniciativa que busca proteger a las mujeres que lesionen o priven de la vida a sus agresores cuando sean víctimas de violencia o intentos de feminicidio.
La propuesta busca reformar los artículos 26 y 27 del Código Penal para evitar que las víctimas sean procesadas penalmente en caso de que actúen en exceso de la legítima defensa cuando se encuentren en alguna situación de peligro.
De acuerdo con el diputado local de Morena, Carlos Evangelista Aniceto, los marcos jurídicos a nivel federal y local no contemplan dentro de la legítima defensa el "lesionar o privar de la vida a la persona agresora".
Alertó que la falta de perspectiva de género en la interpretación de la ley pone en riesgo a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género, por lo que no se les garantiza el acceso a la justicia cuando requieren defenderse.
Por lo anterior, la propuesta plantea establecer que se presumirá la legítima defensa en caso de que la mujer sea víctima o esté en peligro de ser víctima de violencia física, psicológica, sexual o feminicida y repela la agresión, o cuando otra persona la repela en auxilio de ella.
En dichos supuestos, el Ministerio Público deberá actuar con perspectiva de género para determinar la procedencia de la legítima defensa, y no será requisito para acreditar la violencia de género si existen antecedentes.
Además, no se considerará exceso en la legítima defensa cuando las víctimas repelen una agresión mientras se encuentren en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite de su respuesta o los medios empleados.
Igual criterio se aplicará para terceras personas que actúen en defensa de una mujer víctima de violencia, o que repela el peligro inminente del que podría ser víctima.
El conjunto de reformas toma el nombre de “Ley Alina” tras el caso suscitado el 12 diciembre de 2019 en Baja California, donde una mujer mató a su esposo después de que llegó bajo los efectos del alcohol, sacó un arma y comenzó a agredirla.
Alina fue condenada a 45 años de prisión y una multa de medio millón de pesos por privar de la vida a su agresor, lo que dejó al descubierto la falta de perspectiva de género en las sentencias relacionadas a la legitima defensa.
La iniciativa del legislador Carlos Evangelista fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.
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