Morena plantea derogación gradual de la reforma de pensiones de 2007 ante presión del magisterio

El grupo parlamentario de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión anunció que la derogación de la reforma al sistema de pensiones de 2007, como exige la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), deberá implementarse de manera progresiva debido a las significativas repercusiones económicas que implicaría revertirla de forma inmediata .

La diputada Dolores Padierna explicó que, desde la implementación de la reforma, los fondos de pensiones están en cuentas individuales de los trabajadores, lo que convierte esos recursos en propiedad privada. Por lo tanto, una derogación inmediata requeriría que dichos fondos regresen al control federal, lo cual no es viable sin afectar el patrimonio de los trabajadores .

En respuesta a las movilizaciones del magisterio, el gobierno ha adoptado medidas como congelar la edad de jubilación a los 56 años para maestras y 58 para maestros, reestructurar el Fovissste para construir 400,000 viviendas —250,000 de ellas destinadas a docentes— y aumentar los salarios.

Sin embargo, la CNTE considera insuficientes estas acciones y mantiene su exigencia de derogar la ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el sistema de pensiones solidarias por cuentas individuales administradas por Afores. Las protestas han incluido bloqueos en puntos clave de la Ciudad de México, como el acceso a Palacio Nacional y el aeropuerto capitalino

La presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a la CNTE de adoptar posturas similares a las de la oposición conservadora y de intentar boicotear las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio .

Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se ha mantenido en silencio y ha respaldado las políticas oficiales, marcando una clara división sindical en el sector educativo .

La situación refleja la tensión entre las demandas del magisterio y las limitaciones fiscales del gobierno, en un contexto donde las elecciones judiciales añaden presión al Ejecutivo para encontrar soluciones viables sin comprometer la estabilidad económica del país.