La red de auditores consentidos del gobierno de Claudia Rivera

El pasado 22 de marzo, ContraRéplica Puebla dio a conocer una red de auditores externos que operan al interior del Ayuntamiento Puebla. A raíz de las nuevas evidencias halladas y reproducidas en páginas anteriores es que presentamos el reportaje que permite tener un contexto y mayores datos sobre la oscura trama de Claudia Rivera Vivanco en licitaciones y adjudicaciones.

Por Ignacio Juárez Galindo

Escena número 1: Tres despachos auditores de Puebla: Maldonado-Jurado Asociados, Prorefin SC y José Carlos Góngora Gutiérrez son invitados por el DIF municipal, encabezado por Mayté Rivera Vivanco, para realizar la auditoría externa del organismo para el ejercicio fiscal de 2019.

Escena número 2: En 2020, el DIF municipal lanza el mismo contrato, por el mismo método e invita a las mismas firmas.

Escena número 3: El DIF municipal decide otorgar los contratos de 2019 y 2020 a una misma empresa: Maldonado-Jurados Asociados.

Escena número 4: El Comité Municipal de Adjudicaciones, encabezado por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, lanza en 2020 –con una diferencia de 14 días después del fallo del organismo que lleva su hermana-, el concurso nacional por invitación para crear una base de datos de las adjudicaciones de contratos de bienes, servicios y obra pública de su gobierno, por un monto de 7 millones 087 mil pesos.

Escena número 5: Dicho comité, pese a ser un concurso nacional, decide invitar a las mismas empresas auditoras de las que echó mano el DIF municipal y, para maquillar un poco la situación, sumó a una firma sin experiencia de trabajo en la Comuna capitalina: Alejandro Javier Martínez Rivas.

Escena número 6: En un hecho sorprendente, Maldonado-Jurado Asociados obtiene el jugoso contrato para la costosa base de datos.

¿Es posible que tres empresas participen al mismo tiempo en dos concursos por invitación sin que viole la ley o existan sospechas de colusión y tráfico de influencias de particulares?

¿Es posible que un Comité Municipal de Adjudicaciones apruebe la participación de las tres empresas omitir violaciones a las cláusulas de descalificación del concurso o las hipótesis del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal?

¿Es posible que un contrato de este tipo pueda realizarse sin la presunción de cohecho o tráfico de influencias?

EL EJÉRCITO DE GARCÍA VIVEROS

Un punto que sí es seguro son las dudas y sospechas que surgen al comprobar que dichos procesos de adjudicación han estado en manos de morenovallistas y galicistas de cepa, con la particularidad que todo apunta en un solo sentido: A la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, encabezada por Andrés García Viveros, quien ha sido señalado por diferentes medios de comunicación de ser el responsable de presuntos cobros ilegales en obra pública y adjudicaciones.

Y sobre el que también pesa una denuncia por hostigamiento sexual y acoso laboral por la exasistente personal de Claudia Rivera.

En el DIF Municipal, por ejemplo, los contratos de 2019 y 2020 fueron signados por María del Carmen Jiménez Brito, directora administrativa del organismo, en el que trabaja desde la gestión de José Antonio Gali Fayad. La funcionaria, además, es madre de Pamela Galindo Jiménez, subcontralora de Responsabilidades y Evolución Patrimonial y expareja sentimental de García Viveros. Su medio hermano, Iván Galindo es asesor de la Comuna.

Silvia y Andrés formaron parte del equipo que controló por años Ciudad Modelo, el ente que violó la autonomía municipal en aras de un proyecto que resultó un fracaso y debió ser rescatado por el actual gobierno del estado.

Salas Ariza era la jefa del Departamento de Servicios Financieros y García Viveros el secretario Técnico del organismo público descentralizado. Ambos dependían de Jorge David Rosas Armijo, mano derecha de la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

Versiones periodísticas apuntan a que Andrés García, con el apoyo de Rosas Armijo, fue el responsable reunir a Claudia Rivera con la esposa de Rafael Moreno Valle, lo que fue tomado como una traición debido al fraude electoral que se cometió en contra Miguel Barbosa Huerta, pero que les redituó a ambos funcionarios la posibilidad de insertar a toda su gente en la nómina municipal, un hecho denunciado hasta por los mismos regidores de Morena.

Silvia Janet no es un personaje menor. En su paso por la administración pública ocupó por años la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Administración. Fue la responsable, entre otras cosas, de avalar el contrato DBM/2013/SFA/253, a través del cual el gobierno del estado rentó por un año un piso de la Torre IUSA, en la delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, en donde operaba uno de los centros espionaje del exgobernador poblano y tuvo un costo mensual de 17 mil 380 dólares.

LOS HOMBRES DE NEGRO

Otro de los integrantes del Comité Municipal de Adjudicaciones es Jesús Torres Ramírez, un sujeto ligado con el tesorero Armando Morales Aparicio.

El 23 diciembre de 2019, el director de e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, reveló que este último funcionario había entrado en graves conflictos con sus pares en el gabinete municipal.

“Sus diferencias (de Morales Aparicio) con el secretario de Desarrollo Económico y el coordinador del Instituto Municipal de Planeación, Gerardo Ríos Bermúdez, se derivan de la imposición de proveedores y consultores externos a través del secretario técnico de la Tesorería, Jesús Torres Ramírez, compañero de estudios universitarios de Armando Morales.

“Jesús Torres tiene también injerencia en la Secretaría de Administración a través de su novia, la directora jurídica Mónica Campos Enríquez, quien junto con el director de Adquisiciones, Enrique Gómez Haro Rivas, son los que deciden —previo aval del tesorero— qué empresas pueden vender bienes y servicios al ayuntamiento capitalino”, escribió el autor de la columna La Corte de los Milagros.

Enrique Gómez Haro Rivas, antes de ser designado hace unas semanas como encargado de despacho de la Secretaría de Administración municipal, fungía como el secretario técnico del comité y está incluido en la denuncia penal que el líder del PAN municipal, Jesús Zaldívar Benavides, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por una supuesta malversación de recursos en el programa de despensas que se entregaron durante la contingencia y que fue revelada por ContraRéplica Puebla.

De acuerdo con Mexico Leaks, hasta el 13 de enero de 2021, por las manos de Gómez Haro Rivas ha pasado 158.5 millones de pesos por concepto de contratos adjudicados.

Una más en la lista es Patricia Montaño Rosas, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, quien en 2018 fue denunciada por utilizar las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP para hacer proselitismo a favor de Claudia Rivera Vivanco.

El 12 de abril de 2018, Carlos Gómez, director del portal Contrastes, dio a conocer un audio de la integrante de la planilla de la coalición Juntos Haremos Historia, en el que frente al salón de clases “invitaba a los estudiantes a apoyar a Claudia Rivera, incluso aseguró que están totalmente ajenos a la estructura de Miguel Barbosa, el candidato a la gubernatura de Puebla por la misma coalición”.

Montaño Rosas, además, fue denunciada junto con otras 17 personas, entre ellos la alcaldesa de Puebla, por la Auditoría Superior del Estado ante la posible configuración de los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, peculado, fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades en la asignación del contrato de barrido mecánico a la empresa Atelier Geometrique.

BUENOS NEGOCIOS

Las empresas auditoras Maldonado-Jurado y Prorefin son un caso muy especial en cuanto a los servicios que ofrecen en el Ayuntamiento de Puebla e incluye una sincronización de contratos que han obtenido desde 2014 por parte de entes y dependencias municipales. En algunos casos prácticamente han acaparado la prestación de los servicios.

Maldonado-Jurado, por ejemplo, fue responsable de la auditoría externa 2014 de todo el Ayuntamiento de Puebla, en ese entonces comandado por José Antonio Gali Fayad.

En esa época, Juan Manuel Maldonado Calderón, representante legal de la firma, encabezaba el Grupo de Consultoría Integral y Desarrollo que después pasó a ser el despacho Maldonado-Jurado Asociados SC. El argumento entonces esgrimido por el secretario general de la Comuna, Mario Riestra Piña, fue que la empresa contaba con una gran experiencia en 66 municipios, así como trabajos en Puebla y Tlaxcala.

Un año después, en la cúspide del morenovallismo, Maldonado ganó nuevamente el contrato para la auditoría externa de la Comuna. En 2016 tampoco se quedó al margen, pues prestó sus servicios para el Instituto Municipal del Deporte.

En tanto, Prorefin acaparó la auditoría externa de Industrial de Abasto (Rastro) entre 2014 y 2018. Esto le valió varias críticas. El portal e-consulta documentó que mientras en 2014 cobró 157 mil 687 pesos, un año después lo incrementó a 290 mil 671, es decir, 84.33 por ciento.

Dicha alza coincide con sospechas de corrupción en el organismo. Así lo asentó Ruiz Rodríguez, el 22 de enero de 2016:

“La desidia, negligencia y corrupción del director de Industrial de Abastos Puebla, Jaime Alberto Carriles Uriarte y la administradora del Rastro Municipal, Sigrid Ziehl Loera, quienes no sólo incumplieron con las normas exigidas para un rastro TIF, sino porque hicieron de esta dependencia un gran negocio personal con la venta de esquilmos o desechos de los animales sacrificados y con la contratación de productos y servicios.

“Aquí algunos ejemplos (…) Aunque los proveedores de Industrial de Abastos Puebla de 2015 siguen siendo casi los mismos que estaban en 2014, el costo de sus bienes y servicios en el último año se elevó más de un 40 por ciento.

“Los honorarios del despacho de auditoría externa Proferin SC pasaron de 157 mil a más de 290 mil pesos; y los del proveedor de la planta tratamiento de aguas residuales, INTEMA SA de CV pasaron de 506 mil a más de 618 mil pesos”.

Pese a las denuncias, Prorefin SC extendió sus tentáculos en 2018 al Organismo Operador del Servicio de Limpia, el Instituto Municipal de Planeación y el Instituto Municipal del Deporte, a través de servicios de auditoría externa.

El uno-dos entre Prorefin y Maldonado-Jurado ocurrió en los contratos de servicios de auditoría financiera y auditoría al desempeño de la Contraloría municipal. La primera detentó ambos en 2015 y un año después lo hizo Maldonado.

Lo interesante es que el contralor José María Sánchez Carmona contaba con información de ambas empresa en los archivos de la dependencia a su cargo.

Es más, en el caso del DIF municipal tuvo conocimiento del escándalo por presunta corrupción en la entrega de despensas que fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción.

Otro punto en común entre Prorefin y Maldonado-Jurado es que sus integrantes han sido propuestos años atrás para ser titulares de la Auditoría Superior del Estado, antes llamado Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado.