¿Por qué la 4T está empecinada en violar la veda electoral, en pleno proceso extraordinario, para incentivar al voto duro de Morena en la elección de jueces y magistrados de la Federación? La razón es simple: imagínese que la gran pulsión democrática del régimen acapare sólo el 20 por ciento del listado nominal. ¿Qué clase de ministros populares serían los nuevos “mercenarios del bienestar” si sólo fueran electos por menos de 2 de cada 10 mexicanos?
Y, sin embargo, aún con la ayuda de los jugosos recursos de Comunicación Social del Poder Ejecutivo y Legislativo, el electorado promedio no está dispuesto a prestarse a una farsa, un vulgar ardid cuyo único objetivo es la sustitución de una oligarquía adversa por otra sumisa y obediente.
Curiosamente, los ministros que están a punto de cobrar sus haberes de retiro, gracias a los buenos oficios del contribuyente cumplido, advirtieron esto desde julio del 2024, cuando intentaban hacer entrar en razón a la 4T en el marco de un parlamento abierto convocado por San Lázaro. En mi columna de entonces, titulada “El cadalso de la Corte”, presentaba una síntesis de los comentarios del momento:
«Juan Pardo Rebolledo aseguró que el proyecto presidencial pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial, además de que “sustituir en un solo momento 1600 juzgadores federales y ministros generaría un desajuste importante” en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales».
«Pero el ministro Juan Luis González Alcántara fue mucho más lejos, destapó el embuste del que será presa el “pueblo bueno y sabio” al asegurar, con justa razón, que se le está haciendo creer a la gente que elegirán jueces y magistrados, pero que “la convocatoria no es abierta, pues serán los Poderes de la Federación quienes harán las propuestas”, convirtiendo así la mentada reforma en un refrendo, más que en un momento estelar del pueblo empoderado».
«Javier Laynez Potisek hundió el dedo en la llaga. “Yo temo que esta propuesta pueda agravar seriamente estos problemas”, asegurando que lejos de democratizar la actuación de los juzgadores, la reforma democratizará la corrupción en los mismos. Y en esa misma línea siguió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que, haciendo honor a su abolengo, dejó en claro que “es importante considerar el impacto económico de un mal diseño, esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”».
Y así siguieron los últimos ministros con carrera judicial de la Suprema Corte, demostrando que la elección popular directa de jueces y magistrados es un disparate que nunca antes una democracia constitucional se ha atrevido a implementar. A nueve meses de distancia de ese parlamento abierto alguien se ha preguntado: ¿cómo le vamos a hacer los mexicanos para acabar con la corrupción de la burocracia inamovible implicada en la cadena procesal de los asuntos judiciales? Nadie por la sencilla razón de que eso no se resuelve en las urnas.