Juez pide que Profepa coloque sellos de clausura al relleno sanitario intermunicipal de Cholula

Puebla martes 18 de junio de 2024 - 12:40

Por Guadalupe Juárez

Un juez federal otorgó una suspensión provisional para que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) coloque de nueva cuenta sellos de clausura en el relleno sanitario intermunicipal de Cholula, ya que incumplió con las medidas correctivas que estableció para su reapertura.

El abogado de Pueblos Unidos y Fraccionamientos –que mantienen un plantón en la zona para evitar su funcionamiento- Juan Carlos Flores, explicó que para que el relleno reabra, la Profepa tiene que verificar que la macrocelda que funciona como depósito de residuos cuenta con vida útil.

Además, el juez federal puso como condición cumplir con las demás medidas correctivas establecidas por la Profepa en un acuerdo de clausura, lo cual no han hecho.

El 3 de abril de 2024, la Profepa clausuró el relleno sanitario y emitió un acuerdo en el que señala que se debió a la generación, conducción y descarga de lixiviados provenientes de residuos sólidos al suelo sin protección.

Sin embargo, levantó la clausura, aunque tienen conocimiento que incumplió con cinco de las siete medidas correctivas.

Entre estas se encuentran un manejo inadecuado de lixiviados, por lo que tendrían que tener un drenaje pluvial para el desvío del agua y desalojo del agua, mismo del que carece desde 2019, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

La empresa ProFaj informó a la Profepa que apenas cotizó los planos para la instalación de una celda de emergencia, por lo que no hay cobertura de residuos.

Hay tambos de metal enterrados en el talud, el cual se desgaja y pierde estructura, además no cuenta con un programa de monitoreo de agua y entregaron estudios “cuestionables”, acusó.

El litigante también remarcó que la vida útil del relleno se terminó desde hace cuatro años, además que recibe más residuos de lo que se esperaba, pues solo tenía autorizadas 200 toneladas diarias y llega a recibir hasta 500 al día.

La ampliación del lugar a una hectárea también ya finalizó su vida útil desde hace tres años.

Los integrantes de Pueblos Unidos y Fraccionamientos acusaron que son criminalizados, además de enfrentar una guerra cibernética en perfiles de páginas en redes sociales que utilizan para visibilizar la situación que atraviesan.

Sí, a reunión con gobierno

Juan Carlos Flores explicó que el acuerdo de clausura del 3 de abril de Profepa no lo impugnó la empresa, por lo que está firme.

Al levantar la clausura “de manera ilegal”, los activistas se ampararon y siguen firme la suspensión, es decir, que no puede operar el relleno sanitario.

Posterior a ello, la Profepa tienen que verificar para ver si cumplieron con las medidas correctivas, al no hacerlo, la empresa tiene cinco días para responder y después va a tener que cumplir con lo que ordenó el juez federal.

“Estamos en disposición de dialogar con el gobierno del estado para ver qué alternativas se pueden generar con este cierre de la macrocelda y que haya campañas de reducción y que cada municipio se haga cargo de su basura”, apuntó.

Además, aseguró que el relleno no tenía 150 empleados con riesgo de perder su trabajo, como han dicho, sino solo 50 puestos que establecieron en su proyecto de impacto ambiental.