Este 30 de marzo de 2025 arrancan oficialmente las campañas para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación en México, un proceso histórico que marcará la primera vez que los ciudadanos elegirán directamente a jueces, magistrados y ministros.
Este ejercicio, programado para el 1 de junio, renovará 881 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito, entre otros. Durante los próximos 60 días, los más de 3 mil 400 candidatos inscritos buscarán convencer al electorado, pero bajo un marco de estrictas reglas que limitan sus acciones.
Los aspirantes tienen permitido promover sus trayectorias, propuestas y méritos a través de medios como redes sociales, volanteo o reuniones públicas, siempre que financien estas actividades con recursos propios.
La reforma judicial prohíbe el uso de financiamiento público o privado, lo que obliga a los candidatos a depender exclusivamente de su bolsillo. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido topes de gasto diferenciados: hasta mil 468 millones de pesos para ministros y magistrados de la Sala Superior, 413 mil pesos para magistrados de circuito y 220 mil pesos para jueces de distrito. Además, el INE lanzó la plataforma “Conóceles”, donde los candidatos pueden compartir su información profesional para que los votantes los conozcan.
Sin embargo, las restricciones son claras y rigurosas. Los candidatos no pueden contratar espacios en radio, televisión, prensa escrita ni anuncios espectaculares, lo que elimina las tradicionales campañas masivas. También está prohibido realizar actos que impliquen un costo excesivo o que rebasen los topes establecidos, bajo pena de perder su registro. A diferencia de las elecciones políticas, no hay precampañas ni participación de partidos, y los tiempos oficiales en medios se usarán sólo para informar sobre el proceso, no para promocionar aspirantes.
En lo que respecta al puesto más importante que es la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la actual ministra Loretta Ortiz Ahlf, cuenta con una amplia experiencia y trayectoria dentro del ámbito judicial, la ministra tiene dos doctorados, uno en Derechos Humanos y otro en Derecho Comunitario Europeo.
Es ministra de la SCJN desde el 2021 y se perfila como la favorita para suceder a Norma Piña en la presidencia, ya que sus posturas en la Corte han sido imparciales y en busca de una justicia equitativa.
La tarea no es fácil, es la primera campaña del Poder Judicial y con este tipo de modificaciones por parte del INE. Por lo que requiere un gran trabajo con la gente, lo que acercará a los candidatos con los electores, lo que generará una amplia legitimidad una vez en el cargo.