Independencia y autonomía como garantías de la impartición de justicia

En principio, es menester precisar que uno de los pilares fundamentales para una adecuada impartición de justicia, es el respeto al principio de división de poderes, así como a la independencia judicial, que implica que cada juzgadora o juzgador, a título individual, así como el Poder Judicial como institución, no vea mermada su capacidad de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento por influencias provenientes de los otros poderes del Estado, es decir, juezas y jueces deben dictar sus resoluciones sin injerencia externa de ningún tipo.

La independencia judicial es uno de los presupuestos básicos para el funcionamiento del Poder Judicial; se trata de una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes del Estado en la resolución de los litigios sometidos a su conocimiento; pero ello no implica que pueda existir cooperación entre todos los poderes de la Unión.

Por ejemplo, aun cuando los Poderes Ejecutivo y Legislativo, intervienen en la aprobación de las leyes orgánicas de los tribunales y en las diversas leyes procesales, así como en el nombramiento de Magistrados de alto rango, lo cierto es que no pueden inmiscuirse en la elaboración o revisión de sus fallos.

Tan es así, que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la independencia judicial debe ser garantizada, dicho numeral establece: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.”

Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en diversos criterios que la independencia judicial es un pilar de la garantía del debido proceso, por lo que al afectarse en forma arbitraria la permanencia de los juzgadores se vulneraría la Convención Americana de Derechos Humanos, porque los servidores públicos encargados de impartir justicia tienen un papel fundamental para la democracia, al ser los garantes de los derechos humanos, ya que de otra forma no podrían declarar y sancionar la arbitrariedad de los actos que puedan vulnerar los derechos humanos.

Desde mi perspectiva, es trascendental reforzar la independencia judicial, puesto que es sabido que ésta no es absoluta, sino que está limitada en algunos casos, como por ejemplo, cuando se da el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la aprobación del presupuesto del Poder Judicial, a cargo del Ejecutivo, como situaciones en la que la relación entre el Poder Judicial y los otros poderes está presente; lo que puede llegar a mermar su autonomía e independencia.

Por lo anterior, es que de suma importancia fortalecer la independencia y autonomía del Poder Judicial para una adecuada impartición de justicia, ya que ahí se toman decisiones trascendentales para la vida de las personas, como la libertad, el patrimonio, el orden social, etcétera; las que solo pueden descansar en jueces imparciales e independientes que favorezcan la justicia por encima de cualquier otro interés.