Puebla
Era el centro de despojo de predios, simulación de operaciones con bienes inmuebles y venta de folios notariales.
Por Jaime Carrera
Hace casi dos meses, un fuerte mensaje proveniente de Casa Aguayo cayó como “balde de agua fría” en las Notarías Públicas del estado de Puebla. La orden: Una revisión exhaustiva de los procesos operativos de las oficinas notariales y una precisa investigación urgida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, sobre el actuar de un hombre amparado por pasados gobiernos: Paulo Javier Rodríguez Cantellano.
El cúmulo de irregularidades en las que presuntamente ha incurrido este sujeto, al menos, desde hace una década —aunque existen pruebas que hablan de actos anómalos registrados hace 30 años— lo tendrían con un pie fuera de la Notaría Pública número 1 de Tepeaca, desde donde se habrían fraguado toda serie de trámites relacionados con despojos y triplicación de documentos para la venta de predios.
De acuerdo con versiones extraoficiales de fuentes allegadas al director editorial de ContraRéplica Puebla, Mario Alberto Mejía Martínez, el oscuro proceder de Rodríguez Cantellano y una investigación de la Dirección General de Notarías en su contra, habrían llevado al gobierno estatal a retirar la patente notarial o, cuando menos, a suspender la actividad laboral desde esas oficinas ubicadas en Tepeaca.
Lo anterior, luego de que esta casa editorial diera cuenta de las presuntas anomalías en las que habría incurrido el notario público 1 de Tepeaca, para la triple venta de un terreno en la zona de Ciudad Modelo cuya sobreexplotación data desde hace 30 años en presunto contubernio con el dueño del predio Armando Miguel Bravo y Martínez, quien compró el bien a la familia del líder sindical de la CTM local, Leobardo Soto.
Pero también, Rodríguez Cantellano estaría involucrado con responsables de oficinas de notarías públicas para el aval de presuntas empresas factureras, como la que se creó apenas 120 días antes del inicio de la administración municipal de Puebla, de Claudia Rivera Vivanco, a la cual el ayuntamiento otorgó de manera irregular la adquisición de despensas para apoyos por la pandemia de Covid-19.
Paulo Javier ha sido protagonista de episodios de presuntos despojos, simulación de operaciones con bienes inmuebles, emisión de poderes falsos y venta de folios notariales, según quedó documentado por diversos medios de comunicación locales, y además fue el notario que avaló la creación de dos empresas con los mismos accionistas y similares nombres, una de ellas beneficiada por la Comuna capitalina.
ContraRéplica Puebla también reveló que Rodríguez Cantellano formaría parte de una turbia maraña de creación de empresas fantasmas en la mira del SAT y sería, presuntamente, un eslabón de una triada de personajes cuyos brazos se extienden a un enredado mapa de compañías que entrelazan a gobiernos, dependencias municipales y federales y empresarios accionistas de cuando menos 50 empresas.
A finales de junio y ante la falta de control y supervisión notarial que existió en pasadas administraciones estatales, el gobernador Miguel Barbosa ratificó que pronto habrá un reglamento para regular e investigar el comportamiento irregular de notarios públicos en la entidad, que va desde la formación de empresas fantasma hasta la suplantación de personas en actos jurídicos para trámites ilegales como despojos.
“Los temas que se han señalado sobre el despojo de terrenos y la participación de ese notario público, la investigación ya la iniciamos, está en proceso y pronto daremos a conocer qué se encontró”, respondió el gobernador, en su momento, sobre el caso del notario, el cual también fue señalado de supuestamente servir a Octavio Huerta —hermano del diputado Saúl Huerta—, para el despojo de terrenos en Totimehuacan.