Gobierno de Sheinbaum detecta irregularidades en compra de medicamentos y cancela licitación para evitar sobreprecios

El gobierno federal confirmó la existencia de irregularidades en el proceso de compra consolidada de medicamentos y decidió cancelar la licitación para evitar una posible adquisición a sobreprecio por parte de ciertas empresas. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el abasto de fármacos está garantizado y se implementará un nuevo esquema de subasta inversa para transparentar el procedimiento.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria informó que ya fueron separados de sus cargos varios funcionarios del Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), incluyendo directivos de áreas clave como logística, planeación y administración, con el fin de facilitar las investigaciones y aplicar posibles sanciones administrativas o penales.

Sheinbaum reiteró su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, al señalar que se investigarán todas las responsabilidades, directas o indirectas, así como posibles vínculos indebidos con las empresas involucradas. Además, anunció la creación de una plataforma para dar seguimiento a las adquisiciones de medicamentos y garantizar su total visibilidad.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, explicó que el procedimiento fue declarado inválido debido a la existencia de vicios en las reglas, lo cual fue detectado a partir de las propias inconformidades del sector farmacéutico. Comparó la situación con un juego anulado por trampa, donde no importa el número de jugadas, sino que las reglas estaban comprometidas desde el inicio.

El miércoles, Buenrostro sostuvo una reunión con representantes de la industria farmacéutica nacional y con funcionarios del sector salud, incluido el nuevo director general de Birmex, Carlos Ulloa. Participaron organizaciones como CANIFARMA, AMIIF, ANAFAM, AMELAF y AMID, a quienes se les expusieron las razones de la cancelación.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, esta decisión evitó un daño al erario público que pudo haber superado los 13 mil millones de pesos, reafirmando la política de “cero corrupción” promovida por la actual administración.