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Hay algo muy claro alrededor de las declaraciones, especulaciones y versiones no confirmadas respecto de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada: el gobierno mexicano se convirtió en un espectador.
Los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch —respectivamente—, han quedado lejos de asumir el control en materia de inteligencia en el combate a la delincuencia organizada.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy tampoco ha demostrado talento para perseguir a los criminales.
Mientras que el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, depende más de las acciones de Harfuch que de su propia estrategia.
En los casos más estruendosos las autoridades mexicanas simplemente se han quedado como testigos de los hechos.
Las imputaciones al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, y a otros funcionarios de esa entidad, es otro claro ejemplo de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no es un actor protagónico del combate de los asuntos de altísimo impacto.
El abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, ocurrió por inteligencia que agencias estadounidenses entregaron a altos mandos mexicanos, pero no por iniciativa de estos últimos.
Por este motivo hoy existe indignación, inconformidad e incertidumbre respecto ante un comportamiento deshonesto del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la captura y traslado de “El Mayo”.
Que aún no exista claridad sobre la participación de agencias estadounidenses en nuestro país evidencia una vez más la falta de control de la información y en sí mismo del combate contra los grupos delincuenciales.
Claro que no se justifica que una institución de inteligencia de otro país actúe en territorio nacional, sin embargo, al mismo tiempo es responsabilidad del gobierno mexicano por su falta de actuación, por los sesgos de impunidad como en el caso de Rocha Moya.
¿En qué momento el gobierno nacional dará muestras de imparcialidad en temas como Sinaloa como para que asuma en exclusiva el combate a los grupos criminales que azotan al país?
Por supuesto no significa que México se haya quedado absolutamente inmóvil, pero el punto es que han perdido protagonismo en la lucha que les correspondía y han dejado la alta responsabilidad en otras instancias extranjeras y, como comienzan a exhibir lo podrido de un sistema —no sólo de un partido político—, es donde genera molestia.
CAJA NEGRA
La presencia de grupos criminales en los límites de Puebla con Guerrero, Morelos y Oaxaca no es un asunto nuevo ni menor. La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con otras corporaciones está obligada a crear cercos para frenar el avance de estos grupos.
En el sexenio de Miguel Barbosa falló la contención y de ahí que el municipio de Atlixco se convirtió en un punto de disputa y por ende constantes enfrentamientos por la plaza.
Es una lucha que ninguna autoridad debe abandonar ni descuidar, como hizo el gobierno federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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/CR
