Impunidad o legalidad
Columnas
En unos días más la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará una decisión que sentará precedentes en la revisión de cuentas públicas en las entidades federativas. El máximo tribunal del país debatirá sobre la invalidez de una auditoría en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por la no comprobación de casi 900 millones de pesos de recursos federales.
El tema en cuestión es que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero ejerció facultades de fiscalización sobre dinero federal, por lo que el Ayuntamiento se quejó sobre las facultades de esa instancia estatal.
Un asunto de rendición de cuentas local apunta a convertirse en un caso con amplias repercusiones políticas en todo el país.
En diferentes momentos, y a lo largo de toda la nación, se cuentan casos de grupos políticos que han pretendido usar las auditorías como garrote político, pero sólo en el caso de Guerrero se hizo mediante recursos federales.
En un sentido estricto, el fondo del debate es que la Auditoría Superior de la Federación es la instancia competente para revisar fondos provenientes de la Federación —sean aportaciones o participaciones, e incluso si se trata de fondos concursables—.
El debate es, sin duda, si se concede autorización a la Auditoría de Guerrero para fungir como garrote político, entidad para ejecutar venganzas de quienes ostentan el poder; o en su caso, rechazar esa acción y hacer valer la división de facultades de acuerdo con los niveles de gobierno.
El ministro Arístides Guerrero propone conceder la razón al gobierno de Acapulco y dejar sin efectos la auditoría aplicada en el estado.
El 6 de julio sesionará el pleno de la SCJN en donde se definirá si apoyan su proyecto o, por el contrario, permiten que el grupo de la gobernadora Evelyn Salgado imponga su ley con un auténtico garrotazo político.
En suma, debe hacerse valer la división de competencias y dejar sin efectos la auditoría, no porque la alcaldesa sea inocente de toda culpa; es decir, esto no la exime de responsabilidad por la no comprobación, sólo que lo aplicado en la entidad no debió ser el camino para que rinda cuentas.
Resuelto este problema, la Auditoría Superior de la Federación debe poner atención en el caso y averiguar qué pasó con esos fondos, porque una cosa es decirle no a la venganza instrumentada a través de las instituciones y otra muy diferente que una autoridad se salga con la suya.
CAJA NEGRA
A un año de las elecciones de medio término no se ve cómo la oposición pueda arrebatar el triunfo a Morena y sus aliados. Lejos de proponer soluciones de ciudad, arremeten contra las autoridades en tiempos en los que debían sumar o, por lo menos, apoyar a las personas afectadas en este caso por una tormenta que causó inundaciones.
Los tiempos políticos electorales justamente son para contrastar ideas y realidades, pero ahora van quedando muy lejos las visiones de Estado del PAN y del PRI, alejadas de la sociedad que clama atención, no banderines ni cornetas para ir a campaña.
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/CR
