Delincuentes en la silla municipal
Columnas
El edil de Cuautempan está prófugo de la justicia.
A Gerardo N., no lo acusan de tonto sino de actividades criminales.
En una maniobra política solicitó licencia al cargo durante 20 días.
Quizá presentía que la FGE estaba sobre su cabeza.
En el operativo federal y estatal no lo encontraron por ninguna parte.
La investigación apunta a que era toda una fichita: Cobro de piso, robo de mercancía, venta de droga, posesión de armas de fuego, cartuchos útiles y automóviles.
El alcalde reelecto de la 4T se suma a otras penosas historias que dan cuenta de municipios poblanos en manos de delincuentes.
Hace apenas dos meses, los presidentes municipales de Tlachichuca y Ciudad Serdán (hermanos) y su padre, acusados de secuestro, extorsión y otros delitos graves fueron detenidos. El tercer hermano, el edil de San Nicolás Buenos Aires evitó la aprehensión.
En ambos casos, Morena-PT y Movimiento Ciudadano caen en la retórica recurrente de que actos indebidos no serán solapados.
Luego entonces, ¿qué hacen las dirigencias de los partidos una vez que sus candidatos ganan la elección.
Los partidos tienen la responsabilidad moral de dar seguimiento puntual a los gobiernos que representan sus siglas en cada municipio.
Más territorio y menos escritorio permitiría a las presidencias partidistas monitorear posibles irregularidades que ameriten la intervención oportuna de las autoridades competentes.
Es cierto, los partidos no son Ministerios Públicos, pero en muchos municipios no vuelven a poner un pie tras competir en un proceso electoral.
Lamentablemente ejemplos sobran en Puebla:
En septiembre de 2021 tres alcaldes fueron detenidos: en Quecholac –el hermano de “El Toñín” (PSI)–, el de Tepatlaxco (PSI) y el de Honey (PRI).
En junio de 2024, el edil de Acteopan (PRD) golpeó y atropelló y mató a su esposa.
En julio de 2024, el alcalde de Zapotitlán (Morena) acusado de homicidio y, por otra parte, el presidente municipal de Huehuetla (PRI) por portación de arma de fuego y no haber acreditado medio millón de pesos.
Si la estabilidad social es primordial en cualquier sistema de gobierno, las alcaldías tienen que limpiarse de personas que han amasado fortunas inexplicables y además ejercen el poder con signos de autoritarismo.
Parte del problema es que los partidos eligen candidatos y candidatas de dudosa reputación a sabiendas de que ese polvorín explotará tarde o temprano.
Castigar la impunidad es tarea de quienes ejercen facultades para hacerlo, el detalle es que se confunde con persecución política y es entonces cuando hay quienes prefieren mirar hacia otro lado.
El crimen organizado encuentra tierra fértil en ciertas regiones de Puebla con alcaldes que prefieren rentar sus servicios que notificar amenazas o hacer frente a la inseguridad pública.
Los ciudadanos quedan a merced de delincuentes que saben que la silla municipal tiene un peso específico y temporal.
Los ediles sin escrúpulos deterioran el tejido social y los partidos políticos son salpicados cada vez que los alcanza un escándalo mediático, aunque intenten lavarse las manos.
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/CR
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2025-05-08 - 22:16
