Corte de Miami impone multa millonaria a García Luna y su esposa tras demanda civil

Una corte civil en Miami emitió una sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de contrataciones ilícitas durante su gestión en el gobierno mexicano. La resolución ordena el pago de 2 mil 488 millones de dólares, distribuidos entre ambos: 748 millones que deberá cubrir García Luna y 1,740 millones a cargo de su esposa, quien fue señalada como pieza clave en el ocultamiento de activos.

La jueza Lisa Walsh dictó el fallo días después de que el gobierno mexicano solicitara una sentencia sin juicio, argumentando que ninguno de los acusados respondió a la demanda interpuesta desde 2021 ni se presentó personalmente ni a través de representación legal.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, bajo el auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial encabezado por la familia Weinberg obtuvo 30 contratos irregulares con agencias de seguridad mexicanas, mediante los cuales se desviaron más de 634 millones de dólares. Estos recursos habrían sido transferidos a Florida mediante paraísos fiscales y utilizados para adquirir propiedades y otros bienes.

Según los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “un demandado que incurre en una falta por no responder a la demanda inicial del demandante admite los hechos bien fundamentados y consciente en el alivio solicitado en la demanda”.

La demanda fue presentada el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade. En el proceso, se aseguraron 19 propiedades vinculadas a García Luna y a otros implicados.

“Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección, a través de un esquema ilegal de contratación gubernamental, obtuvieron ilegalmente al menos 250 millones de dólares del gobierno mexicano y transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados en las propiedades en cuestión. En total, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección recibieron 580 millones de dólares por los contratos ilegales”, indicaron los abogados.

La jueza había fijado como fecha límite el 28 de abril para alcanzar un acuerdo o iniciar el juicio. Al no haber respuesta por parte de los acusados, se dictó el fallo a favor del gobierno mexicano. La UIF había reclamado 28 inmuebles en Florida, de los cuales 18 ya fueron vendidos—12 antes del litigio y seis después.

Pese a que inicialmente Cristina Pereyra fue representada por un abogado, este se retiró del caso y ella tampoco asistió a las audiencias programadas en 2024, lo que contribuyó al fallo en su contra.

Otros implicados en el caso aceptaron acuerdos con la UIF. Es el caso de José Francisco Niembro González, exfuncionario cercano a García Luna, y su esposa, quienes pagaron 330 mil dólares por reparación de daños. En tanto, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg continúan en negociaciones con la autoridad mexicana.

Este proceso civil es independiente de la sentencia dictada en octubre de 2024 por un tribunal federal en Nueva York, donde García Luna fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de “millones de dólares en sobornos”. En ese juicio, el juez Brian Cogan también le impuso una multa de 2 millones de dólares. Actualmente, García Luna se encuentra recluido en una prisión del condado de Lee, Virginia.