Congreso en desacato

El pasado 26 de junio la Arquidiócesis de Puebla, a través de un sendo comunicado, publicó lo que sigue:

Era de esperarse que la institución eclesiástica defendiera sus valores teológicos, sustentada en su particular interpretación de la Nueva Alianza. Era evidente que colegios y universidades donde se enseñan las sagradas escrituras iban a secundar esa postura. Desde luego, en el mundo secular, la única dimensión que reconoce el auténtico Estado Constitucional de Derecho, ser “trans” o tener una identidad de género distinta a la heteronormatividad no es indigno; por el contrario, es parte de la pluralidad inherente a la condición humana y, para el caso concreto, es una expresión más del libre desarrollo de la personalidad del menor.

Sin embargo lo escatológico de todo esto es que un Poder Legislativo, con una mayoría que se dice de “izquierda”, que en la narrativa oficial también se dice “progresista”, y que asegura que está en contra de las ideas de derecha por su naturaleza conservadora, como es el caso del Congreso del Estado de Puebla; coincida a la perfección con el posicionamiento de la Arquidiócesis, al grado de que la inmensa mayoría de las diputadas y diputados morenistas, amparándose en la superioridad moral de sus escapularios, desafían la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permaneciendo en desacato.

Habrá que hacer una retrospectiva dado que hay mucha infodemia al respecto. Todo comenzó con la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), específicamente contra la fracción II del artículo 875 Ter del Código Civil del Estado de Puebla, conocida como parte de la llamada “Ley Agnes”. La reforma, en ese mismo año aprobada por el Congreso del Estado, permitía que las personas mayores de 18 años solicitaran administrativamente una nueva acta de nacimiento para hacerla coincidente con su identidad de género autopercibida, excluyendo expresamente a los menores de edad. Esto último fue lo que controvirtió la CNDH a través de un mecanismo de control de constitucionalidad.

El 7 de marzo de 2022, la SCJN declaró inconstitucional esa exclusión por considerar que vulneraba una batería de derechos fundamentales, entre ellos: igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad –incluida la identidad de género–, así como el principio –no negociable– del interés superior del menor. Cabe aclarar que la Suprema Corte no ordenó el cambio automático de las actas de nacimiento de los menores; únicamente declaró inválida la porción normativa del Código Civil, exigiendo al Congreso del Estado legislar en consecuencia para así, armonizar la fracción II del mentado artículo con el resto del sistema constitucional mexicano.

¿El objetivo de todo esto? Permitir a los menores la expedición de una nueva acta de nacimiento acorde con su identidad de género autopercibida, pero con la intervención de quienes ejerzan su patria potestad o representación legal, e incluso considerando una vía alternativa de mediación en caso de desacuerdo entre los padres y/o entre los menores y los padres.

Tristemente en Puebla nada de esto será posible –a menos que se interponga un amparo indirecto– mientras los diputados del oficialismo morenista, presos de una transfobia disimulada, permanezcan en desacato, extralimitándose en sus funciones frente a una resolución del máximo tribunal constitucional de la Nación.

P.D. ¿Quién diría que los mejores aliados del PAN en el Congreso del Estado de Puebla iban a ser las y los diputados de la “izquierda progresista” y del humanismo lopezobradorista?