Habrá que hacer una retrospectiva y volver a los clásicos. De acuerdo con revelaciones del New York Times: «al menos ocho funcionarios electos –entre ellos gobernadores y legisladores– se han acercado, discretamente, a brindar información» al gobierno de los Estados Unidos sobre la “presunta” asociación de las autoridades mexicanas con el crimen organizado.
De acuerdo con la fuente, estas conversaciones ocurrieron posterior a la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia indefinida del estado de Sinaloa. Y aunque la nota se destapó el último fin de semana del mes de junio, la información no estaba completa hasta que ocurrió el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum:
«Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo: “me dijeron, una fuente –quien sabe quién– que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos”. Esa es la nota: “me dijeron que hay personas que están informando”. Bueno, el gobernador Durazo envió una carta diciendo que no era cierto; entonces no tenemos nosotros ninguna información, y la verdad debería darse mayor contexto, porque cómo que “una fuente me dijo que 10 personas o no sé cuántas están informando”».
Han pasado quince días desde entonces y, como ya es costumbre, Palacio Nacional quedó ridiculizado. Hoy sabemos que “los topos” sí existen, que tienen nombre y apellido, y que uno de ellos es nada menos que Marina del Pilar Ávila, gobernadora en funciones de Baja California que, desde el pasado 10 de mayo de 2025 le fue revocada su visa por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Como era de esperarse Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya salió a “tapar el sol con un dedo”, asegurando que «en los audios –difundidos por el periodista Héctor de Mauleón– no se infiere que se vaya a dar información confidencial". Sin embargo, aquello que se le olvida al “Batman local” es que Marina del Pilar, al sostener conversaciones con autoridades norteamericanas, violó el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional que, a la letra dice:
«Los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los Agentes Extranjeros, un informe por escrito de las mismas. Las reuniones que sostengan con los Agentes Extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores».
Mientras la gobernadora de Baja California aplica el canon del lopezobradorismo, “no me vengan con que la Ley es la Ley”; todavía nos falta conocer la identidad de los siete topos restantes; y algo me dice que están tan desesperados por conseguir un poco de impunidad que muy pronto tendremos noticias de ellos.
Insisto, no es de la Casa Blanca de quien tiene que cuidarse la Cuarta Transformación, sino de morenistas como Marina del Pilar que, con tal de salvar su propio pellejo, están dispuestos a entregar a los yankees el movimiento.