Conflictos del poder
Columnas
Una vez más la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora secundada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se ve obligada a minimizar la filtración de información sensible por parte de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila a autoridades de Estados Unidos con fines de obtener inmunidad ante investigaciones de vínculos de políticos con el narcotráfico.
Estos hechos ponen en evidencia dos problemas graves que enfrenta el gobierno mexicano: uno, la complicación de deslindar más que al Estado, a la denominada Cuarta Transformación.
Primero, Salvador Cienfuegos es rescatado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y recibe su ‘purificación política’ y junto con ella exoneración ante cualquier señalamiento.
Después, el gobernador de Sinaloa y un grupo de colaboradores es acusado en Estados Unidos por sus relaciones con “Los Chapitos”, pero la Fiscalía General de la República, en un juego de simulaciones, opta por enfriar cualquier acusación con el argumento de que nunca recibió pruebas de las autoridades norteamericanas.
Ahora, otro duro golpe a la credibilidad de toda la 4T, cuando una gobernadora decide aliarse con agencias extranjeras —pasando por alto la bandera contra la injerencia de otro país— para salvarse.
La presidenta no ha podido más que exculpar a la gente para reducir el impacto político electoral que esto puede generar en las urnas.
Desde el caso Sinaloa no ha hecho más que minimizar las denuncias, solapar a los presuntos responsables y tratar de resarcir daños.
No han querido entregar a estos personajes porque no quieren confirmar la bandera de la oposición sobre que Rubén Rocha Moya es el Genaro García Luna de la Cuarta Transformación.
Ahora bien, un segundo problema para el grupo en el poder es que ahora cuenta con una gobernadora que ya no goza de la confianza de nadie.
Con qué certidumbre llamarán a Marina del Pilar a una reunión de alto nivel en materia de seguridad si ella misma aceptó públicamente que sí es su voz, que la conversación es real, cuando negocia su inmunidad con los estadounidenses.
García Harfuch no podría confiarle información de alto nivel sobre los capos del crimen organizado ahora que saben que está dispuesta ‘a hablar’ para zafarse de indagatorias criminales.
Incluso la pérdida de confianza es más grave porque se trata de una gobernadora en funciones. Desde ahora su presencia en reuniones con sus pares, en Presidencia, será cuestionada, y paulatinamente se verán en la necesidad de no compartir información de alto nivel.
CAJA NEGRA
El Gobierno mexicano debe comenzar a considerar el sacrificio de ciertos perfiles en aras de salvaguardar al movimiento. Ignorar las denuncias, la evidencia, daña igual o peor a la vista de las y los electores.
Entregar a una de estas personalidades de la 4T daría legitimidad al poder.
Sin embargo, por ahora preocupa que los resultados sean adversos en el 2027 y de ahí la protección y la impunidad creciente.
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/CR
